El Ayuntamiento de Benalmádena ha salido al paso de las críticas del Partido Popular, que le acusó de cobrar a los vecinos más agua de la que consumía de Acosol.
El Consistorio afirmó ayer que las tarifas del agua que se cobran en el municipio se mantienen entre las más competitivas de la comarca, en un comparativa sobre los precios de suministro entre las distintas concesionarias de abastecimiento de los municipios más grandes de la Costa del Sol Occidental como Málaga, Fuengirola, Torremolinos, Marbella, Benalmádena y Mijas.
El Ayuntamiento de Benalmádena afirma que para un consumo de 15 metros cúbicos, Málaga mantiene una tarifa de 84.62 euros, Fuengirola de 32,20 euros, Torremolinos de 30,98 euros, Marbella de 27,42 euros, Mijas de 20,47 euros y Benalmádena de 19,83 euros.
Para un consumo de 25 metros cúbicos, Málaga mantiene una tarifa de 87,67 euros, Fuengirola de 40,84 euros, Torremolinos de 40,03 euros, Marbella de 47,13 euros, Mijas de 46,51 euros y Benalmádena de 26,14 euros.
Para un consumo de 36 metros cúbicos, Málaga mantiene una tarifa de 95,72 euros, Fuengirola de 50,68 euros, Torremolinos de 47,66 euros, Marbella de 78,79 euros, Mijas de 56,68 euros y Benalmádena de 35,12 euros.
Además, el Ayuntamiento de Benalmádena afirma que cuenta con una de las redes de abastecimiento con mayor rendimiento de toda la provincia, en las que la pérdida de agua supone la menor de todo el entorno, con un porcentaje entre el 15% y el 10%, cifra muy reducida como consecuencia de las inversiones realizadas durante los últimos años en materia de redes de agua.
El Consistorio afirma que un 30% del total de agua suministrada proviene de la empresa pública Acosol, a la que Benalmádena compra agua en alta para garantizar el suministro los meses de verano ante el aumento de la población. El equipo de gobierno afirma que se trata del mismo porcentaje de adquisición de agua que se ha mantenido en las tres últimas legislaturas.
El Ayuntamiento de Benalmádena añade que este año ha mantenido la tarifa para contadores domésticos para evitar aplicar la subida del IPC, repercutiendo la subida obligada por Ley únicamente a los contadores de riego.
