El Ayuntamiento de Fuengirola ha impulsado una medida social que está destinada a mejorar las condiciones de vida de personas en situaciones vulnerables: invirtiendo hasta dos millones de euros para la adquisición de viviendas sociales, según ha informado su alcaldesa, Ana Mula.

Se trata de una medida «pionera» en el municipio, con la que se pretende ayudar a los fuengiroleños que atraviesan por dificultades. El Consistorio ha abierto recientemente una oficina de asesoramiento en la Tenencia de Alcaldía de Los Boliches para informar a los interesados que quieran poner sus propiedades a disposición del Ayuntamiento.

En esta oficina se ofrece asesoramiento a los interesados en vender sus viviendas, un servicio que se ha tramitado de forma paralela.

Esta asistencia estará disponible durante mes y medio en la Tenencia de Alcaldía de Los Boliches, de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Según explicó la alcaldesa, «cualquier persona o entidad que esté interesada en vender su vivienda, y no sabe qué tramitación seguir, podrá acudir a este asesoramiento para que conozca las condiciones estipuladas, ya que hemos establecido este servicio de información para ello, como un paso previo para facilitar todo el proceso. Al fin y al cabo, nuestro objetivo es ayudar a las familias de nuestra ciudad que estén atravesando situaciones delicadas».

En este sentido, cabe señalar que el proceso para adquirir las viviendas se regirá mediante un pliego de condiciones, que saldrá publicado en breve. En el documento se establecen los requisitos que debe reunir el inmueble y el procedimiento a seguir para que pueda ser comprado por el Consistorio y de esta manera incorporarse al parque inmobiliario municipal.

Así, tal y como se establece en el pliego de cláusulas administrativas redactado, las viviendas deberán reunir una serie de características para poder ser adquiridas. De este modo, es imprescindible que estén en el término municipal; deberán estar libres de enseres; contar con un mínimo de 40 metros útiles, y estar en buen estado de conservación, habitabilidad y accesibilidad, para que puedan ser ocupadas de inmediato.

Asimismo, tendrán que estar inscritas en el registro de la propiedad a nombre de la persona o empresa licitadora, es decir, las que se presenten al procedimiento.

Tampoco podrán tener una antigüedad superior a 50 años, salvo que cuenten con el informe de inspección técnica o de evaluación de los edificios. Deberán estar al corriente de pago de los gastos de comunidad y suministros, así como del impuesto sobre bienes inmuebles y cualquiera otro que le afecte.

El precio máximo que pagará el Consistorio será de 1.500 euros por metro cuadrado útil, sin que el importe total del inmueble pueda superar los 150.000 euros, sin contar con los gastos e impuestos preceptivos.