El Colegio de Abogados informó ayer de que el Ayuntamiento de Benalmádena le ha enviado un correo electrónico en el que comunica su decisión de no renovar ninguno de los convenios en vigor que mantenían ambas entidades.
Así, quedan sin efecto los tres acuerdos suscritos en septiembre de 2016, que se han renovado periódicamente desde entonces.
El Colegio de Abogados recuerda que se firmaron dos convenios para evitar desahucios: por un lado, prestando asesoramiento para evitar ejecuciones hipotecarias, con un coste de 250 euros al mes; por otro, poniendo en marcha un servicio que impidiera desahucios en casos de impagos de las rentas de alquiler, por 350 euros mensuales.
El tercer convenio suscrito tenía como objetivo hacer frente a los delitos de odio que pudieran cometerse en el municipio, a coste cero.
Junto a Marbella y Torremolinos, municipios en los que a día de hoy siguen en vigor, Benalmádena fue el tercer ayuntamiento en toda España en ofrecer atención jurídica a las víctimas de estos delitos.
Estos servicios eran gratuitos para los vecinos de Benalmádena, recuerda el Colegio de Abogados, y, según palabras del alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, el día de su presentación, reforzaban uno de los principales compromisos de su equipo de gobierno: el apoyo a las personas en riesgo de exclusión social y a las víctimas de delitos de odio.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, lamentó ayer la decisión unilateral del Consistorio de Benalmádena, ya que considera que estos acuerdos se caracterizaban por su profundo contenido social y suponían un coste económico muy bajo para el municipio.
«Si el Ayuntamiento consideraba que era necesario reorientar estos servicios, habríamos estudiado otras fórmulas, pero lo cierto es que han anunciado la no renovación de los acuerdos de manera unilateral y sin explicación alguna», ha manifestado Francisco Javier Lara.
El Ayuntamiento de Benalmádena respondió ayer que no renueva dichos convenios por la falta de demanda del servicio ya que apenas 12 ciudadanos solicitaron asistencia en 2018 y entienden que los abogados de oficio ofrecen ya asesoramiento jurídico gratuito a personas sin recursos con riesgo de desahucio. Además, añaden, la Junta dispone de otro ente específico para ello. «Entendemos que esa multiplicidad de entes asesores provoca la poca demanda del servicio conveniado con el colegio». Por ello, se ha decidido rescindir dichos convenios para destinar el dinero a otros fines de Servicios Sociales.
El Consistorio añade que el acuerdo de asesoramiento a víctimas de delitos de odio dependía de la permanencia de los otros dos, por lo que queda suspendido.
