La portavoz del Partido Popular de Torremolinos, Margarita del Cid, informó ayer en una rueda de prensa de las exigencias de su partido al equipo de gobierno socialista, tanto con respecto a las subvenciones del IBI, como al estado financiero del propio Ayuntamiento. «Estos temas tienen que ver con la actualidad que va a tener lugar para el próximo pleno de septiembre, y, sobre todo, con el importante momento que estamos viviendo desde el punto de vista económico o deberíamos estar viviendo, a efectos de preparar un presupuesto, que sería el primero en tres años», manifestó del Cid, que consideró «vital» que se aporte «luz sobre» el estado financiero del Consistorio.

La líder popular se refirió a problemas «con el pago de las nóminas, con las horas extraordinarias a los trabajadores municipales y con conceptos atrasado que se siguen adeudando al personal». «Ya en el pleno del mes de julio, solicitamos al equipo de Ortiz que fuera transparente y que fuese capaz de abordar estos temas con los propios trabajadores, pero hasta la última semana de este mes, el equipo de gobierno no va a tener tiempo de atenderlos», añadió.

Del Cid justificó su petición de conocer el estado financiero del Consistorio ante «la preocupación por estos temas» y porque tienen una fórmula para una bajada del IBI. «Nosotros vamos a plantear una ordenanza del IBI porque creemos que es un debate necesario, en el que tienen que participar todos los grupos políticos y ponerse de acuerdo, y en el caso en el que no se llegue a consenso, creemos que es muy importante hacerles saber a los torremolinenses los motivos por los que no ha habido unanimidad en dicho acuerdo».

La propuesta del PP persigue que los empadronados que sean sujetos del IBI y que estén al corriente de sus recibos, puedan beneficiarse de un 25% de rebaja por estar incluidos en el padrón. Además, incluye un descuento de un 50% para los pensionistas, familias monoparentales y VPO, y entre un 50% y un 75% para familias numerosas. Todo este descuento, según detalló Del Cid, tendrá un límite de 1.000 euros, además de luchar por evitar «esa prohibición que existe actualmente de que esto no opere cuando hay un segundo inmueble».