El Gobierno central hizo ayer un llamamiento al resto de estados para que firmen una declaración política sobre seguridad de los buques pesqueros y la pesca ilegal tras una «situación de vacío» que se prolonga ya 42 años.

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, dijo que «no hay excusas» para mantener esta situación de vacío y animó a los estados a sumarse a la Declaración de Torremolinos para apoyar la ratificación del acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012.

Durante la apertura de la Conferencia Ministerial promovida por la Organización Marítima Internacional (OMI), que se celebra hasta mañana en Torremolinos, con más de 500 representantes de 148 delegaciones del mundo, entre las que figuran 31 ministros, Ábalos alentó la firma de una declaración política no vinculante para hacer pública la determinación de sus gobiernos de ratificar el acuerdo.

Recordó que la elaboración de este acuerdo comenzó en Torremolinos el 7 de marzo de 1977 -y siguió con un protocolo en 1993 y el acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012- y esta conferencia supone una nueva oportunidad para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Incidió en que 42 años después de la adopción del primer tratado internacional, aún no se dispone de un marco jurídico internacional en materia de seguridad de los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros que operan en el mar que goce del respaldo suficiente por parte de los estados para su entrada en vigor.

Por ello, hay un vacío en la aplicación de las más básicas medidas de seguridad para los buques de eslora igual o superior a 24 metros que operan en alta mar.

Por su parte, el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Kitack Lim, instó a los estados miembros a firmar esta declaración, que va a «alentar a otros a actuar». Consideró que el sector pesquero no tiene unos antecedentes de seguridad satisfactorios, lo que atribuyó en parte a la falta de unas normas vinculantes internacionales para la seguridad de los buques pesqueros.

Kitack Lim añadió que en los últimos 40 años ha mejorado la tecnología pero la pérdida de vidas en el sector sigue siendo inaceptable.

Además, han surgido cuestiones como la protección de las aguas polares, la contaminación marina y la necesidad de evitar los plásticos procedentes de los aparejos de pesca o la pesca ilegal, por lo que «ha llegado el momento de que entre en vigor el acuerdo».

Lim recordó que los 40 millones de pescadores del mundo forman parte de un sector que, junto a la agricultura, permite contar con alimentos y fuente de ingresos a 820 millones de personas.