27 de octubre de 2020
27.10.2020
La Opinión de Málaga
Tribunales

Suspenden el juicio contra el alcalde y la exregidora de Manilva

Están acusados por presunta adjudicación irregular de contratos municipales

27.10.2020 | 21:25
La exregidora Antonia Muñoz.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga ha suspendido el juicio previsto para mañana jueves contra la exalcaldesa de Manilva Antonia Muñoz, el actual regidor, Mario Jiménez, y otras seis personas por la supuesta adjudicación irregular de contratos municipales a una empresa con vínculos familiares con Muñoz, como su marido, también procesado.

Así lo confirmaron fuentes judiciales, quienes apuntaron que el motivo de la suspensión es la enfermedad de uno de los abogados personados en la causa. La nueva fecha todavía está por determinar.

Esta es una de las tres piezas en las que se separó la investigación por una supuesta corrupción municipal durante el mandato de la exregidora. Los otros dos casos versan sobre el presunto enchufismo de personal laboral desde 2007 en el Ayuntamiento y sobre el supuesto trasvase de fondos desde el Consistorio a una entidad.

En este caso, la Fiscalía malagueña acusa a los ocho procesados por los delitos de prevaricación en concurso con otro de gestión interesada, ambos con carácter continuado; solicitando dos años de cárcel para cada uno, multa de 24 meses a 15 euros diarios y cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En esta causa se investiga la adjudicación de contratos a personas con vínculos familiares a la exalcaldesa, en concreto al marido por el pago de facturas por la ejecución de obras y servicios «en las que no se han cumplido los requisitos exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de adjudicación», dice el fiscal en su escrito provisional.

Esta acusación señala que tras las elecciones de mayo de 2007, la entonces alcaldesa por IU, «aprovechándose de este cargo y concertándose con el que era su marido, procedió a adjudicar verbalmente contratos menores a favor de la mercantil», constituida por ambos en 2005, «para la prestación de determinados servicios, a sabiendas de incumplir con las exigencias legales».

La calificación indica que esto se realizaba «sin la existencia de expedientes administrativo de contratación, sin una propuesta y sin aprobación del gasto», y por encima de los reparos de Intervención.

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