31 de octubre de 2020
31.10.2020
La Opinión de Málaga
Urbanismo

El Consistorio de Torremolinos recurre la suspensión cautelar del PGOU

El Ayuntamiento solicita una indemnización de 110 millones - «Entendemos que la suspensión es drástica y desproporcionada, pudiendo dañar de forma incalculable el desarrollo de la ciudad»

31.10.2020 | 05:00
Una panorámica de la costa de Torremolinos.

La teniente de alcalde y concejala de Urbanismo de Torremolinos, Maribel Tocón, informó ayer de que el Ayuntamiento ha interpuesto recursos ante las resoluciones de paralización cautelar del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad y se solicita, además, «una garantía de 110 millones de euros a la parte demandante en concepto de indemnización si finalmente el Consistorio tiene la razón en una sentencia definitiva».

Así, indicó en rueda de prensa que el Consistorio ha planteado estos recursos de interpelación tras conocerse la pasada semana el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que se suspendía cautelarmente el PGOU de Torremolinos. «Entendemos que la suspensión es drástica y desproporcionada, pudiendo dañar de forma incalculable el desarrollo de la ciudad», dijo, por lo que han pedido dicha garantía.

Tocón aseguró que «sorprende paralizar un PGOU que, paradójicamente, es mucho más garantista en términos medioambientales que el de 1996, que es al que nos obligan a volver en caso de que el recurso interpuesto no prospere y prosiga la decisión judicial de suspenderlo». «El anterior plan general no preserva espacios como los pinares o la sierra, algo que el nuevo plan sí que garantiza como espacios medioambientalmente protegidos», añadió.

Las demandas interpuestas contra la Junta por dos empresas privadas, en las que el Ayuntamiento se persona como afectado, responden «simplemente a criterios mercantiles». «Son entes con claros visos comerciales, cuyos intereses económicos se podrían ver agraviados en caso de que Intu pudiese desarrollar el ya por todos conocido gran centro comercial y de ocio». Asimismo, declaró, incluso, que la demanda «va contra espacio municipal que no supone ni el diez por ciento de nuestra ciudad, pero la suspensión afectaría a todo el territorio, así como a sus vecinos».

«El argumento en el que se basa el auto del TSJA es que el procedimiento establecido por la Junta de Andalucía en 2015 para aportar los informes medioambientales requeridos no es el correcto», dijo, recordando que «pese a que el Ayuntamiento siempre siguió las instrucciones del ente regional, presentando la Evaluación Ambiental Estratégica, es ahora el tribunal el que entiende que dicha causa es razón para suspender el PGOU, y es algo que podría afectar a más de una docena de municipios de la provincia». Tocón confía en que prosperen los recursos interpuestos por el Ayuntamiento, «ya que estamos ante una cuestión que responde a una guerra de intereses mercantiles y no medioambientales».

«Quiero referirme a todos los ciudadanos y tejido empresarial para asegurarle que vamos a agotar todas las posibilidades en la defensa del interés general de nuestro municipio, así como en la creación de puestos de trabajo, más aún en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir».

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