La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto un recurso de alzada ante la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local contra el cierre del Centro de Internamiento de Menores Infractores San Francisco de Asís-La Biznaga en Torremolinos.

El sindicato afirma que "el cierre y privatización de este centro se ha realizado incumpliendo los procedimientos, sin negociación previa y de mala fe por parte de la Administración autonómica".

La Junta de Andalucía "no ha seguido el procedimiento establecido, recogido en el VI Convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía, así como en el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público", denuncia CSIF.

El sindicato añade que la resolución "no puede limitarse al cierre del centro y debieron seguir todos los pasos previos de negociación, apertura del periodo de consultas y comunicación de las posiciones de las partes".

Afirman que "la Administración debió garantizar en este proceso el traslado del personal afectado sin pérdida de derechos, previamente a la resolución del cierre del centro".

Según la normativa autonómica, añade CSIF, "las unidades administrativas se crean, modifican y suprimen a través de la relación de puestos de trabajo", que en el caso del centro de menores San Francisco de Asís "sigue ocupada y vigente actualmente, por lo que el centro debe permanecer abierto".

El sindicado considera que la Administración "ha actuado de mala fe, ya que la resolución de cierre se firmó previamente a la reunión del director general de Justicia Juvenil y Cooperación con el comité de empresa, pese a que se pone a la plantilla a disposición de los órganos competentes en materia de función pública y recursos humanos, lo que indica una nula intención de negociar la situación del personal".

Para CSIF, "supone un abandono total de los trabajadores del centro por parte de la Administración, que obvia la negociación y renuncia a mantener la gestión pública del mismo, adoptando una decisión unilateral".

Asimismo, critican que "no se han aportado los informes que se recogen en la resolución de cierre sobre la situación y costes del centro, y de optimización del mapa de recursos de justicia juvenil en la provincia de Málaga" y subrayan que "aun sin conocer el contenido de estos informes, resulta complicado entender una decisión basada en unos documentos que fueron elaborados hace más de un año".

Por ello, han interpuesto un recurso de alzada mediante el cual exigen a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación que declare la nulidad de la resolución de cierre del centro de menores por incumplir el procedimiento legalmente establecido, y que se mantenga la gestión pública del mismo, apuntando que el sindicato "adoptará cuantas medidas sean necesarias contra esta nueva privatización y supresión de puestos de trabajo".