El Supremo ordena demoler el hotel Vista de Rey de Benalmádena

El Tribunal Supremo ha dado la razón a los vecinos de Torremuelle y tumba el plan del Ayuntamiento de Benalmádena de mantener en pie el hotel Vista de Rey.

El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Benalmádena en agosto de 2020, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Andalucía (TSJA) que confirmaba - el 4 de junio de 2020- el auto de este mismo órgano judicial que ordenaba la demolición del hotel Vista de Rey, situado en Torremuelle, en un plazo de tres meses, y advertía de que si, cumplido dicho plazo, no se hubiera ejecutado lo ordenado, se «impondrían al concejal de Urbanismo multas coercitivas cada 20 días que transcurriese sin ejecutar en cuantía entre 300 y 1.200 euros; todo ello con cargo al patrimonio personal de aquel y sin perjuicio de deducir testimonio por posible delito de desobediencia».

En su sentencia, los magistrados entienden que no hay «interés casacional objetivo y la necesidad de un pronunciamiento de esta Sala Tercera». El fallo del Supremo, que es firme, impone las costas procesales a la parte recurrente.

Los hechos se remontan a 2001, cuando el entonces alcalde Enrique Bolín concedió mediante decreto de Alcaldía licencia de obra para la construcción de este hotel junto a la estación de Cercanías de Torremuelle. La comunidad de propietarios de esta urbanización trasladó el asunto a los juzgados al considerar que el procedimiento estaba plagado de irregularidades. En 2011, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ratificó la sentencia que declaraba nula la licencia de obras concedida por decreto.

La decisión del Supremo pone punto y final a un proceso judicial que se inició en 2005, cuando la comunidad de propietarios de Torremuelle se enfrentó a la construcción de este hotel. La denuncia de los vecinos no impidió que el promotor ejecutara la obra del hotel.

A fecha de hoy, la obra está finalizada y el establecimiento lleva años abierto al público. Los vecinos denuncian que «a pesar de que el promotor conocía la sentencia de 2011 que declaraba nula la licencia de obras y ordenaba su demolición, eso no le obstaculizó para vender la mayoría de las habitaciones del establecimiento como apartamentos a numerosos particulares, así como sus plazas de aparcamientos».