El Ayuntamiento de Benalmádena urge al juzgado de lo Mercantil de Málaga a que autorice cuanto antes el desalojo y el tapiado de los accesos a los inmuebles del complejo hotelero Los Tres Pintores, cerrado y abandonado desde 2008, y que se encuentra en concurso de acreedores.

La situación del complejo hotelero es prácticamente idéntica a la del hotel Califa I y II de Torremolinos. Se trata de resorts que cerraron durante la fuerte crisis económica del primer decenio del siglo XXI y cuyas instalaciones se han ido deteriorando y han servido de refugio de todo tipo de personas sin hogar, convirtiendo el recinto en un foco insalubre que genera un enorme problema de convivencia con los vecinos de la zona.

El equipo de gobierno dirigido por el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, celebró ayer una nueva reunión con representantes de todos los partidos y de los vecinos del entorno para abordar el problema.

La reunión estaba prevista para el mes de junio pero ante la falta de respuesta del juzgado de lo Mercantil, decidieron aplazarla al mes de julio.

El problema es que al estar en concurso de acreedores, no está clara la propiedad de los tres hoteles y a quién debe dirigirse al Consistorio para exigir el desalojo, adecentamiento y cierre de las instalaciones de titularidad privada.

Por eso, explicó el alcalde, Víctor Navas, el pasado mes de abril pidieron autorización al juzgado de lo Mercantil para que autorice una orden de ejecución para desalojar, limpiar, vallar y sellar los accesos de los inmuebles, una actuación valorada en unos 100.000 euros.

El Consistorio, explicó Navas, no puede actuar de oficio sino que tiene que comunicar primero la orden a la propiedad del inmueble para que cumpla con su obligación y se haga cargo de las instalaciones.

En caso de que el propietario haga caso omiso de sus obligaciones, el Ayuntamiento podría actuar de manera subsidiaria pero al tratarse de una propiedad privada en concurso de acreedores debe autorizarlo el juzgado de lo Mercantil.

Por eso, el Consistorio, que ya ha enviado tres requerimientos a la propiedad en los últimos tres años sin obtener respuesta alguna, espera que el juzgado responda cuanto antes para zanjar este problema vecinal.

Mientras tanto, añadió Víctor Navas, los Servicios Sociales siguen trabajando para dar una solución a los moradores, que han sido identificados y están controlados por la Policía Local, que conoce su número y situación, y ha podido confirmar que todos ellos carecen de antecedentes penales.

En el caso de Torremolinos, el administrador concursal, que es el que tiene que velar por los bienes en concurso de acreedores, no adoptó ninguna medida hasta que el Consistorio pidió al juzgado una orden de demolición de los hoteles Califa I y II, debido a su situación. Habrá que esperar.