El Ayuntamiento de Benalmádena ha procedido esta mañana al desalojo de los okupas que habitaban el complejo hotelero Los Tres Pintores en Benalmádena Costa por orden judicial.

Se trata de un complejo compuesto por tres hoteles, de propiedad privada, que se encontraba abandonado desde hace años, lo que había generado una situación de insalubridad y riesgo de incendio en el entorno.

"Aunque este complejo hotelero es una propiedad privada que no es competencia de este Ayuntamiento, solicitamos al juzgado que interviniese ordenando el desalojo para atender así la demanda de los vecinos de la zona, preocupados por la insalubridad y riesgos para el entorno que provocaba esta situación", ha explicado el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas.

El desalojo se realiza tras años en los que el Ayuntamiento ha tenido que actuar, a través de los Servicios Operativos, con un coste de 60.000 euros, para recoger los residuos del entorno y cerrar los accesos, además de las visitas constantes de los Servicios Sociales para evaluar la situación de los ocupantes, y de las actuaciones de los agentes de la Policía Local para proceder a su identificación.

El desalojo responde a las continuas reclamaciones de los vecinos y tras los preceptivos informes de insalubridad y riesgo de incendio elaborados por el Consistorio. "Todo este concienzudo trabajo previo por parte del Ayuntamiento ha posibilitado presentar ante el juzgado un expediente que ha facilitado que hoy se desarrolle el desalojo con todas las garantías legales", ha subrayado Navas.

El alcalde ha explicado que al mismo tiempo ha suscrito un contrato de emergencia con Cruz Roja para desarrollar un plan de intervención sociolaboral con el fin de dar cobertura a las necesidades habitacionales, sanitarias y de alimentación de los ocupantes de las instalaciones.

"Además de garantizar y recuperar la salubridad y seguridad en el entorno, gracias a este plan ofrecemos una respuesta social a la situación de extrema vulnerabilidad a estas personas", ha recalcado Navas.

A través de este plan se facilitará a todas las personas que vivían en el complejo un alojamiento por un periodo de seis meses, además de brindarles los recursos para encontrar un trabajo que les facilite su reintegración social y encontrar una alternativa habitacional permanente, según ha explicado la concejala de Bienestar Social, Alicia Laddaga.

En el desalojo han participado Policía Local, Bomberos, Servicios Operativos, Servicios Sociales y agentes sanitarios. A las personas desalojadas se les han realizado los pertinentes tests de covid, hepatitis y SIDA. Aquellos que den positivo en covid serán alojados en apartamentos alquilados por Cruz Roja para facilitar que realicen el preceptivo confinamiento.

Tras el desalojo del complejo, el juzgado obliga a la actual propietaria del complejo a proceder al cerramiento integral de todos los edificios y a mantener una vigilancia privada que evite nuevas ocupaciones.