Tribunales

Piden 8 años de cárcel al conductor que se fugó tras arrollar mortalmente a Mario Zumaquero en Estepona

La Fiscalía solicita tres años de prisión por encubrimiento para la dueña del coche que le acompañaba y una tercera persona. El principal acusado, que según la investigación conducía ebrio, huyó del país y se entregó cinco días después

El Mercedes GLA implicado en el atropello mortal.

El Mercedes GLA implicado en el atropello mortal.

La Fiscalía solicita 8 años de prisión para el conductor acusado de darse a la fuga tras arrollar mortalmente en Estepona a Mario Zumaquero, ciclista de 44 años muy conocido y querido en el ámbito deportivo de Marbella. Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso La Opinión, cuatro años son por un delito de homicidio por imprudencia grave y otros cuatro por abandono del lugar del accidente. La petición incluye la privación del derecho a conducir vehículos de motor durante cuatro años. Para la dueña del vehículo, que le acompañaba en el momento del siniestro, pide 3 años de cárcel por encubrimiento, la misma pena y delito que le atribuye a un tercer implicado que presuntamente pactó con el resto no avisar a la policía. Para el hermano del principal investigado, que habría participado en ese plan, el fiscal solicita el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, ya que su parentesco le exime de este delito, según el artículo 451 del Código Penal. Fuentes judiciales han confirmado a este diario que la celebración del juicio oral está prevista para el próximo 18 de mayo.

El principal investigado circuló 90 metros por la A-7 con el cadáver sobre el capó y sólo se detuvo 2,85 kilómetros después para desenganchar la bici

El escrito sitúa los hechos a las 6.40 horas de la madrugada del 5 de julio de 2020, cuando el principal acusado conducía «bajo un estado de intoxicación etílica contraída con anterioridad» y a una velocidad de entre 100 y 105 kilómetros por hora en un tramo limitado a un máximo de 80 km/h. Con la merma de reflejos provocada por el alcohol y a una velocidad excesiva, la investigación determina que M.M., que entonces tenía 26 años e iba acompañado por la propietaria del vehículo, perdió el control del mismo y embistió al ciclista a la altura del punto kilométrico 167,685 de la A-7 a su paso por Estepona. La acusación pública señala que la víctima murió en el acto y que el acusado, sin detener la marcha en ningún momento, continuó circulando unos 90 metros con el cuerpo sobre el capó hasta que este cayó sobre la calzada. Igualmente, continuó la huida durante 2,85 kilómetros con la bicicleta de la víctima empotrada en el parachoques del coche.

Fue ya fuera de la autovía, a la altura del número 32 la calle Lago, en la zona de Cancelada, donde el investigado detuvo la marcha para desenganchar la bicicleta y abandonarla en la vía pública. Entonces se dirigieron a la cercana urbanización Miradores del Sol, aparcaron el vehículo en una plaza de garaje junto a una pared para que los daños «no fueran apreciables a simple vista» y subieron al apartamento en el que estaban el hermano del conductor y otro varón. Siempre según la Fiscalía, los tres hombres prometieron a la mujer que el coche sería reparado en un par de días y que lo pintarían de otro color si fuera necesario, pactando entre los cuatro no avisar a la policía ni contar a nadie lo sucedido.

A las 12.45 horas de ese mismo día, el hermano del conductor trasladó a la mujer a las inmediaciones de un hotel próximo a la urbanización y le insistió en que no contara lo sucedido. A pesar de la gravedad de los hechos, la acusada no se personó ante la Guardia Civil hasta las 20.30 horas y tras ser requerida por los agentes. El principal acusado abandonó España ese mismo día y regresó de Holanda el 10 de julio para entregarse documentado con una carta de identidad de este país, sabiendo que ya había sido identificado por los investigadores. El escrito de acusación también detalla que los familiares de la víctima ya han cobrado la indemnización del seguro que cubría al vehículo implicado y que han renunciado a ejercer acciones civiles.