Exfuncionarios de Estepona niegan en el juicio de 'Astapa' presiones en los trámites de licencias

El juicio por el caso 'Astapa', sobre presuntas irregularidades políticas y urbanísticas en Estepona, sigue esta semana con el bloque relativo a supuestos pagos y contraprestaciones por la concesión de licencias y en la sesión de este martes han declarado como testigos dos exfuncionarios, que han negado presiones o promesas en relación con la tramitación de estos expedientes.

Así, un testigo, que era uno de los responsables entonces del cuerpo de bomberos e intervenía en los informes para los trámites de licencia de primera ocupación de viviendas, ha asegurado que recibía llamadas interesándose por el estado de expedientes, "cuando se retrasaban"; pero ha incidido en que "nunca" le exigieron un informe favorable cuando había incidencias.

Ha explicado que recibía llamadas desde las áreas de Urbanismo y de Alcaldía, "preguntando por qué había retrasos", pero ha apuntado que él actuaba en estos casos "igual que si no hubiese recibido la llamada", reiterando que "nunca" le presionaron para informar en un sentido u otro. Ha dicho que aunque se aportaran otros informes "finalmente siempre se imponía, que yo recuerde, el mío".

Asimismo, ha asegurado que "jamás" ha recibido nada por sus informes y ha añadido que no le consta que otros compañeros de su área hubiesen recibido presiones o promesas "de nada" por estos trámites.

Otro exfuncionario, en este caso primo del entonces alcalde acusado, Antonio Barrientos, que trabajaba como cargo de confianza del regidor, ha explicado que se encargaba de recibir quejas, asegurando que su papel "era informativo, no gestionaba". Cuestionado por si desde el Gabinete de la Alcaldía se presionaba a funcionarios a hacer algo, ha contestado que no, que "simplemente se hacía una gestión de información, se llamaba para ver los asuntos".

Ha indicado que siempre "prevalecían los informes técnicos y jurídicos" y que no conoce queja de empresarios porque se le estuviera pidiendo compensación. Sí ha asegurado que "todo el mundo pensaba que la solución, la varita mágica la tenía el alcalde y las quejas eran continuas", pero ha incidido en que "se seguía el proceso legal de lo que decían los informes".

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En este bloque hay 14 acusados y la mayoría se ha acogido a su derecho a no declarar. Pero en la sesión de este martes sí ha contestado a las preguntas de su abogada la procesada Ana María Crespo, quien ha negado haber pagado o haber recibido dinero por el expedientes, en concreto el relativo al Club Oasis.

También han comparecido tres arquitectos a los que el fiscal ha cuestionado sobre expedientes investigados en este bloque, en concreto ocho, en los que, según la acusación pública, supuestamente "se supeditó la concesión de estas licencias al pago de gastos o eventos municipales o de deudas electorales, o favores de tipo personal".

Asimismo, el ministerio fiscal sostiene que se informaba a técnicos del Ayuntamiento de que la Alcaldía "estaba interesada en la rápida y favorable resolución del expediente", considerando que se sometía al trabajador municipal "a una presión injustificada".