La Junta rechaza la pretensión de Fuengirola de quedarse con 6,7 hectáreas de la Reserva de El Higuerón

La Junta de Andalucía ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Benalmádena y rechaza la petición del Ayuntamiento de Fuengirola, que reclamaba 6,7 hectáreas de terreno en la Reserva de El Higuerón, tras añadirlos de manera unilateral a su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 2006.

El Ayuntamiento de Benalmádena dejó fuera de su planeamiento urbanístico estos terrenos "por un error administrativo, al redactar el PGOU de 1981", según explicó en su día el exalcalde benalmadense, Víctor Navas (PSOE). En principio toda esa zona era un erial, pero los terrenos se revalorizaron en 1992, al construirse la autovía del Mediterráneo.

A mediados de los años 2000, siendo concejal de Urbanismo la actual alcaldesa, Ana Mula (PP), Fuengirola se fue expandiendo y se anexionó estos terrenos en los que actualmente viven 89 personas en 50 viviendas, según la Junta de Andalucía. El alcalde de Benalmádena entonces, Enrique Bolín, presentó una reclamación, pero el Consistorio entró en una fase de inestabilidad que desvió el foco de atención a otras cuestiones. Eso permitió que Fuengirola fuera desarrollando la zona urbanísticamente pero eso no suponía modificar las lindes de los términos municipales de ambos municipios.

En 2015, el nuevo alcalde de Benalmádena, el socialista Víctor Navas, reclamó dichos terrenos y en 2019 la Junta de Andalucía dictaminó que pertenecían a dicho municipio, amparándose en el deslinde de 1874 entre ambos términos municipales.

Solicitud

Tras la decisión de la Junta de Andalucía, en 2021 el Ayuntamiento de Fuengirola presentó una solicitud ante la Consejería de Administración Local para alterar el límite territorial alegando que desde su primer Plan Generación de Ordenación Urbana, de 1964, ya ejercía las competencias urbanísticas, censales y tributarias en la zona, sin oposición de Benalmádena.

Fuengirola explicaba que se trataba de una cuestión meramente formal que no perjudicaba los intereses económicos de Benalmádena pues era Fuengirola la que prestaba los servicios a los vecinos de la zona, a los que cobraba impuestos como el IBI o la tasa de residuos.

La petición obedecía a su necesidad de expansión urbanística ante la escasez de terreno en su término municipal (Fuengirola tiene 1.036 hectáreas frente a las 2.720 de Benalmádena) con una población en crecimiento de 82.837 habitantes, frente a los 69.144 de su vecino, entonces, en una zona conectada a Fuengirola a través de la Autovía del Mediterráneo.

Sin embargo, Benalmádena se opuso a esta petición alegando que esta zona se encuentra integrada en Benalmádena y facilita servicios a los vecinos, que cuentan con colegios, instalaciones deportivas y comerciales, así como farmacias, supermercados y gasolineras en una ratio de dos kilómetros, mientras que estos mismos servicios en Fuengirola estarían a 6 kilómetros y para acceder a ellos tendrían que atravesar la autovía del Mediterráneo.

Informes

Aunque la Diputación de Málaga no se pronunció al respecto, la Delegación de Fomento informó de que los terrenos están incluidos en el término de Benalmádena, según el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga.

Además, la Consejería de Economía señaló que ambos municipios tienen solvencia financiera por lo que los efectos recaudatorios derivados de la alteración del territorio no supondrían un quebranto económico para ninguno de los dos consistorios. Sin embargo, atribuirle los terrenos a Benalmádena, que tenía una deuda viva de 2,5 millones de euros frente a cero euros del Consistorio de Fuengirola a finales de 2022, contribuiría a que el Consistorio benalmadense pudiera saldar su deuda y no constituiría un gran problema para las arcas de Fuengirola.

Decreto

Por todo ello, la Consejería de Justicia redactó un proyecto de decreto por el cual da la razón a Benalmádena. Este decreto se debatió en la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras de la Junta de Andalucía el pasado 19 de diciembre, donde se decidió solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía, que emitió un dictamen desfavorable para la petición de Fuengirola, el 21 de febrero de 2025.

Tras todos estos informes, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto rechazando la pretensión del Ayuntamiento de Fuengirola que está analizando la resolución y no descarta interponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.