La Sareb se compromete a paralizar la cesión a un tercero de 29 viviendas en Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos y la Sareb han mantenido hoy un encuentro a las 12.0 horas en la que esta sociedad estatal "se ha comprometido a paralizar el traspaso a un tercero de 29 de las 39 viviendas de El Calvario afectadas por una ejecución hipotecaria", según ha informado el Consistorio torremolinense en un comunicado.

Respecto a las otras diez viviendas, que ya han sido traspasadas por la Sareb, "el Ayuntamiento trabajará en buscar una solución a corto y medio plazo, con ayudas específicas y colaboración con otras administraciones". Así se lo ha trasladado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, a los vecinos afectados y sus abogados, en una reunión posterior a la mantenida con la Sareb, en la que se han abordado otras cuestiones relacionadas con esta compleja situación.

En concreto, respecto a las primeras 29 viviendas, la Sareb ha trasladado que ha presentado hoy ante el juez escrito para revertir la cesión a un tercero, que en principio iba a materializarse el próximo 22 de abril. Ahora será el juez quien tenga que decidir sobre si la cesión continúa o se revierte para que la Sareb vuelva a ser la titular.

Piden a la Sareb que pare el desahucio de 36 familias de la barriada del Calvario de Torremolinos

En el caso de que ese sea el sentido del pronunciamiento, el Ayuntamiento se ha comprometido con la Sareb a facilitar informes de vulnerabilidad de los inquilinos, para que esta sociedad pueda facilitarles, y así lo han trasladado, alquileres accesibles. En cuanto a las diez viviendas que ya han sido transferidas de la Sareb a terceros, no pueden revertir esta situación, por lo que el Ayuntamiento trabaja en varios frentes. En primer lugar, le ha pedido a la Sareb si cabía la posibilidad de contar con inmuebles que fueran de esta sociedad para poder alquilarlos a los afectados, pero ahora mismo todo el parque de viviendas se encuentra paralizado por la decisión del Gobierno de crear una Agencia Pública de Vivienda; si bien en el entorno, la Sareb cuenta sólo con dos viviendas de alquiler social actualmente ocupadas.

Desde la Corporación municipal se ha decidido desde ya contactar con otras administraciones para ver qué soluciones a corto y medio plazo pueden ofrecerse a los inquilinos de estas diez viviendas ya transferidas; así como articular los mecanismos municipales que van a permitir darles ayudas para afrontar estos primeros meses una vez los nuevos propietarios de estas viviendas ejerzan sus derechos sobre las viviendas.

“Ha sido una reunión fructífera, necesaria; y recibimos como una buena noticia que al menos 29 viviendas vayan a poder ser, a espera de pronunciamiento judicial, revertidas a la Sareb, garantizando con la ayuda del Ayuntamiento que los alquileres sean asequibles”, ha apuntado Del Cid. Respecto a las otras diez viviendas, “nuestro compromiso es no dejar a nadie atrás, de tal forma que vamos a estar tocando a todas las puertas y activando todas las posibilidades para que no se queden en la calle”.

"Profunda injusticia"

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), había señalado en la últimas horas que estos vecinos están afectados por una "profunda injusticia". El PP ha registrado en el Congreso una pregunta al Gobierno en la que pregunta qué medidas va a adoptar el Ejecutivo central "de cara a proteger a estos vecinos para que no se vean en la calle fruto del acuerdo de la Sareb con un tercero". También pregunta si el Gobierno central puede "revertir" que la Sareb ceda estos activos antes del 22 de abril, fecha prevista para materializar este acuerdo.

El PP pregunta al Gobierno qué medidas va a adoptar para que la Sareb paralice el desahucio de 36 familias de Torremolinos

"Llevan más de 10 años pagando el alquiler"

Por su parte, el coordinador general de IU en Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha registrado una pregunta sobre las medidas que la Sareb va a tomar para que estas viviendas no acaben en manos de fondos privados. Valero ha señalado que se trata de 36 familias que "llevan más de 10 años pagando el alquiler de sus viviendas, la comunidad y los gastos de luz y agua" pero el promotor "dejó de pagar un préstamo hipotecario" y ahora corren el riesgo de ser desahuciadas.

Han precisado que en las viviendas habitan en concreto 63 personas en la calle Rodrigo y 64 en la calle Río Yeguas, "más de 120 personas que conforman esas 36 familias entre las que nos encontramos con algunas con algún miembro con discapacidad reconocida y dependencia, familias numerosas, con personas de edad avanzadas y niños escolarizados durante este curso en un centro cercano a las viviendas".

Valero ha recordado que "Torremolinos es uno de los municipios con el mercado inmobiliario más tensionado como consecuencia de la ausencia de políticas de vivienda de la Junta de Andalucía" y ha incidido en que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "se ha negado sistemáticamente a aplicar la Ley de Vivienda que está permitiendo bajar los precios en comunidades autónomas en la que se está aplicando". Ha apuntado que la Junta "tampoco ha promovido vivienda pública y social dejando en manos de la especulación inmobiliaria la materialización del derecho a la vivienda que ampara a todas y todos los andaluces".

"En este contexto de asfixia de familias trabajadoras para acceder a la vivienda, se puede producir el desahucio de 36 familias en el barrio del Calvario, que llevan más de diez años pagando el alquiler de sus viviendas, la comunidad y los gastos de luz y agua, pero el promotor de las mismas dejó de pagar un préstamo hipotecario y ahora las familias corren el riesgo de que la Sareb ceda dichas viviendas y sean desahuciadas", ha dicho.Valero ha anunciado que han pedido al Gobierno "que evite que la Sareb ceda las viviendas a fondos de inversión y, sin embargo, las ceda a la empresa pública de vivienda que ya ha anunciado que va a crear y así se garantice la permanencia de las familias afectadas".

"Embrollo jurídico y judicial".

El PSOE de Torremolinos ha exigido a la Junta, a través de la Consejería de Vivienda, y el Ayuntamiento, que busquen fórmulas para evitar el desahucio de estas familias, afectadas por "un embrollo jurídico y judicial". En una reunión con los vecinos afectados, el secretario general del PSOE local, Antonio Ruiz, ha pedido que "el inmueble no pase a engrosar el parque especulativo de la vivienda" y que los vecinos puedan "permanecer en sus casas de forma asequible".

En la misma línea se ha mostrado la portavoz del grupo municipal, Maribel Tocón, que ha asegurado que el desahucio llega "tras una década residiendo pacíficamente y abonando las rentas por alquiler a unas sociedades mercantiles que el promotor quebrado utilizó mientras eludía su responsabilidad hipotecaria”. En un contexto del mercado de la vivienda como el actual, los socialistas han afirmado que “ello conduce a una situación de vulnerabilidad aún mayor de la que por sí tienen la mayoría de los ocupantes de estas casas”.

Para Antonio Ruiz “es importante que desde los poderes públicos velemos por el interés general y proteger a los más vulnerables en algo tan fundamental como la vivienda, articulando fórmulas que protejan a los ciudadanos ante este tipo de situaciones, en las que deben enfrentarse a empresas que utilizan los complicados procesos judiciales para enriquecerse”.

Quiebra de la inmobiliaria

Según fuentes municipales, la situación de estos vecinos parte de un auto de ejecución hipotecaria iniciado en 2018 a raíz de la quiebra de una inmobiliaria y que suscribe un contrato de arrendamiento con otra empresa, que le cede un contrato a una tercera. En el trámite de ejecución hipotecaria se pidió a los ocupantes del inmueble que aportaran sus contratos y el juez sentenció en enero de 2024 que no son títulos legítimos y que la ejecutada los firmó para dificultar el proceso de ejecución.

Los servicios sociales del Ayuntamiento han hecho un informe de vulnerabilidad a varias familias: hay tres que tienen un miembro con discapacidad reconocida y con dependencia, dos familias numerosas, una persona con problemas de salud mental, dos monoparentales, tres familias de personas con avanzada edad y varias con algún miembro a la espera de ver reconocida su discapacidad.