La Junta pide un informe sobre las 62 familias en riesgo de desahucio en Manilva

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, aseguró ayer que el Gobierno andaluz está a la espera de un informe de vulnerabilidad que tiene que elaborar el Ayuntamiento de Manilva para «tomar las decisiones y medidas» dentro de sus competencias sobre las 62 familias en riesgo de desahucio, tras la venta de sus viviendas a un fondo de inversión.

Rocío Díaz respondía así al parlamentario del grupo Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado, quien explicó que este es «el mejor ejemplo de lo que es la especulación» y de cómo agrava «el problema de la vivienda».

Díaz explicó que están a la espera de ese informe y una vez se reciba se tomarán «las decisiones y las medidas que dentro de nuestra competencia tenga esta consejería y también otras consejerías de la Junta de Andalucía».

La consejera de Fomento añadió que se trata «de un procedimiento judicial derivado de una ejecución y ninguna administración, incluida la Junta de Andalucía, puede alterar por sí mismo una resolución de los tribunales».

No obstante, explicó que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha «una serie de medidas, como, las ayudas al alquiler, programas de emergencia habitacional y recursos destinados a evitar que la dificultad económica termine convirtiéndose en pérdida de una vivienda»; unas líneas de ayuda que, dijo, «permiten cubrir rentas, fianzas o gastos iniciales de acceso a una alternativa habitacional».

Añadió que está en coordinación constante con los servicios sociales municipales y autonómicos «para dar la mejor respuesta posible». «No le quepa la menor duda que este Gobierno responde, que este Gobierno no cierra los ojos ante determinadas circunstancias y que este Gobierno está pendiente de esas 62 familias de Manilva», dijo.

Por su parte, el parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado, manifestó que «llegan ustedes tarde con lo del informe de vulnerabilidad» y añadió que en Andalucía «es más fácil comprarse un bloque entero que comprar una vivienda», ya que el fondo buitre se queda cada vivienda por 14.000 euros, mientras «pretende vendérsela a cada familia por 180.000 euros sin haberle cambiado ni un pomo a la puerta».

Y les acusó de no desarrollar la normativa para evitar casos de especulación como este.