El PSOE reclama que Benalmádena sea declarada zona tensionada por el problema de la vivienda

La vivienda ha irrumpido con fuerza en el debate político de Benalmádena. El PSOE ha exigido al equipo de gobierno del PP que declare el municipio como zona tensionada para hacer frente al encarecimiento del alquiler y a las dificultades de acceso a una casa, mientras el Ayuntamiento replica que ya está impulsando nuevas promociones protegidas y medidas para aumentar la oferta residencial.

La petición socialista se escenificó este jueves en una rueda de prensa en la que participaron la portavoz municipal, Sandra Ochoa y el secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas. El objetivo, expusieron, es que el Consistorio active una herramienta que permita contener los precios del alquiler en una ciudad donde, denuncian, cada vez resulta más difícil residir.

“Hoy en Benalmádena una de cada cinco viviendas es turística, mientras se han eliminado los incentivos al alquiler de larga temporada y ha desaparecido del mapa cualquier iniciativa en materia de vivienda”, afirmó Víctor Navas, que vinculó el agravamiento del problema al mandato del actual alcalde, Juan Antonio Lara (PP).

El dirigente socialista denunció además el descenso del presupuesto municipal de vivienda, que, según sus datos, ha pasado de 1,7 millones de euros en 2023 a 8.000 euros en 2026. A su juicio, ese recorte refleja el abandono de las políticas públicas en una de las principales preocupaciones de los vecinos.

Vivienda social

En la misma comparecencia, María Isabel Ruiz acusó al alcalde de haber incumplido sus promesas electorales en materia de vivienda social. La concejala criticó que, pese a los anuncios realizados, no se haya promovido ninguna vivienda pública y censuró la compra de una parcela para venderla un año después, “asumiendo un 10% en gastos de notaría, registro e impuestos, sin generar una sola vivienda pública”.

Ruiz recordó también que el actual regidor votó en contra en 2020 del desarrollo de Los Nadales, donde se contemplaban unas 200 viviendas de gestión pública, y cuestionó ahora que se hable de vivienda protegida con precios que, según señaló, rondan ya el cuarto de millón de euros.

El PSOE cargó igualmente contra los 25.000 euros destinados a estudios externos sobre vivienda, al entender que sus conclusiones no aportan novedades y vuelven a apuntar a recetas ya conocidas: incentivar el alquiler de larga duración, limitar las viviendas turísticas y aplicar medidas fiscales. Los socialistas sostienen que esas políticas ya se impulsaron en el anterior mandato y fueron eliminadas tras el cambio de gobierno.

Prioridad municipal

Frente a estas críticas, el Ayuntamiento de Benalmádena asegura que la vivienda constituye una prioridad principal de su acción de gobierno. El Consistorio destaca entre sus actuaciones la promoción de más de 500 viviendas protegidas, con proyectos como el de Rocas Blancas, donde se prevé la construcción de hasta 230 viviendas, además de otros desarrollos ya en marcha.

El gobierno local sostiene también que trabaja para movilizar viviendas vacías y aumentar así la oferta residencial, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda "en el menor tiempo posible" mediante nuevas medidas y planificación urbanística.

Giro

Además, el equipo de gobierno replica al PSOE que el anterior Ejecutivo local mantuvo este problema "en un cajón" durante ocho años, sin anticiparse a la escalada de precios ni al aumento de la demanda. Según su versión, ha sido en los últimos tres años cuando se ha dado un giro para desbloquear suelo destinado a viviendas públicas y promover también nuevas fórmulas de alquiler.

Con este nuevo cruce de reproches, la vivienda se consolida como uno de los grandes frentes del debate político en Benalmádena, en una ciudad donde el acceso a un alquiler asequible se ha convertido en una preocupación creciente para muchas familias.