La comisión delegada de la Fundación Palacio de Villalón, encargada de la gestión del Museo Carmen Thyssen-Bornemisza de Málaga, acordó el pasado viernes el despido disciplinario de Cristina Botija y José Luis Zambrano, jefes de área de Comunicación y Seguridad, respectivamente, del museo, que se hicieron efectivos ayer al mediodía.

El pasado viernes, la citada comisión, con la baronesa Carmen Thyssen y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al frente, acordaron en una reunión de urgencia los citados despidos. «Es una cuestión de falta de rendimiento e incumplimiento de las funciones laborales» de estas personas, declaró ayer el gerente de la pinacoteca, Javier Ferrer, que aseguró que la directora artística del museo, Lourdes Moreno, no estaba presente en dicha reunión.

Igualmente, Ferrer aseguró que la plaza de feje de Comunicación será amortizada por el museo, no así para la plaza de Seguridad, para la que se «promocionará» a una persona de la plantilla del museo.

En el escrito entregado a los jefes de área destacan como motivos de sus despidos el «no ejecutar debidamente las órdenes e instrucciones dadas por la gerencia de la Fundación, dando lugar con ello al entorpecimiento del funcionamiento de la entidad, con el correlativo daño y perjuicio económico en los resultados de las actividades que viene desarrollando», así como «no atender debidamente las funciones que según su categoría, cargo y responsabilidades le corresponden conforme al organigrama de la fundación».

Dichos despidos no fueron comunicados en la reunión del patronato celebrada el pasado viernes, algo que para el portavoz de Izquierda Unida y miembro del patronato, Pedro Moreno Brenes, reafirma sus sospechas de una gestión «opaca y falta de transparencia».

«No tuvieron ni la delicadeza de decir lo que iban a hacer dos días después de la reunión. Parecen tener una desconfianza manifiesta por este órgano. Esto es de película de Berlanga».

Brenes asegura que durante la citada reunión únicamente se trataron las cuentas y el reglamento de funcionamiento de la comisión ejecutiva, que, a su entender «ha desprovisto de todas las competencias, salvo las indelegables por ley, propias del órgano». «El patronato debería servir para dirigir la fundación. Pero se ve que no quieren pluralismo y que la oposición esté ahí», apunta Brenes.