Andalucía ya cuenta con un marco legislativo en que poder contar más y mejor sus películas. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el proyecto de Ley del Cine de Andalucía, una norma «de vanguardia y avanzada» que dotará por primera vez de un marco jurídico a la producción cinematográfica y audiovisual en la comunidad. Fruto del consenso con el sector, la futura ley, que será remitida de manera inmediata al Parlamento, tiene como objetivo fortalecer la actividad cinematográfica y audiovisual y garantizar un marco estable de financiación. El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, se mostró convencido de que el cine es, ahora mismo, «una oportunidad para Andalucía» y las industrias cinematográfica y audiovisual son actividades clave tanto desde el punto de vista de la cultura como del económico.

El futuro desarrollo de la ley contará con una previsión presupuestaria inicial de 48,7 millones de euros hasta el año 2022 por parte de la Consejería de Cultura, a la que se sumarán las inversiones de apoyo al cine que también desarrollarán otros departamentos de la Junta. Precisamente, el proyecto de ley incluye la puesta en marcha (en el plazo de un año desde su aprobación) de una Estrategia Andaluza para el impulso de la industria cinematográfica, que será la que establezca tanto las líneas de trabajo concretas como los compromisos económicos. Esta estrategia, que tendrá un periodo de vigencia de seis años, será el principal instrumento de coordinación de las políticas públicas recogidas en la ley. El consejero ha confiado en que antes de que acabe la legislatura pueda estar esta estrategia, aunque primero el Parlamento andaluz tendrá que apoyar el proyecto de ley.

En el marco de esta planificación, y atendiendo a una de las principales reivindicaciones del sector, el proyecto prevé la creación de un sistema de financiación estable a través de la Cartera de Recursos Económicos para la Cinematografía y la Producción Audiovisual. Se nutrirá de los presupuestos autonómicos, del Fondo de Apoyo a las Pymes Culturales y de los fondos estatales para el cine cuya gestión corresponda a la Junta, así como de donaciones, transferencias y aportaciones, entre otras fuentes.

Su labor se centrará en incentivar la creación, el desarrollo y la producción cinematográfica y audiovisual; mejorar las condiciones de exhibición, y fomentar la atracción de rodajes y la distribución, la promoción y el acceso a festivales y mercados nacionales e internacionales.

El sector, de momento, está contento. Daniel Ortiz Entrambasaguas, presidente de Productores de Cine de Málaga (Procinema), asegura que la ley supone «la consolidación del lugar que ocupa el audiovisual en la economía andaluza, que es algo que va más allá de la cultura para relacionarse con lo industrial y empresarial». Ortiz, que ha participado, desde 2014, en la elaboración del proyecto legislativo, destaca como gran punto a favor el hecho de que el sector contará con «una dotación económica propia». Eso sí, pone sobre el tapete dos asuntos no tan positivos: primero, que se va ya por el tercer año sin partidas para el desarrollo de proyectos cinematográficos; y segundo, «un desaire»: que a la aprobación de la ley en el Parlamento sólo fue invitada una asociación de productores, «que no representa a todo el sector».