La polémica decisión del juez Miguel Florit de incautar los teléfonos móviles a dos periodistas de Mallorca, para tratar de conocer la procedencia de una información periodística en el llamado caso Cursach, tiene su origen en una denuncia de Bartolomé Cursach, el protagonista de la macrocausa por corrupción que lleva su nombre y que también instruye dicho magistrado. Pero ¿quién es Bartolomé Cursach? Un magnate mallorquín que ha amasado una millonaria fortuna a través del negocio del ocio.

Cursach es el empresario más importante de la isla en este sector, y su fortuna la ha conseguido, principalmente, a través de tres locales, ubicados dos de ellos en la ciudad de Palma y el tercero en Calvià: las discotecas Tito’s, Megapark y BCM, respectivamente. En los últimos años también amplió su negocio a través de hoteles, un gimnasio y promociones inmobiliarias en el extranjero.

Pero para conocer en profundidad el trasfondo del caso Cursach hay que referirse previamente a una investigación anterior, el llamado caso corrupción policia. Hace unos cinco años el juzgado de instrucción número 12 de Palma abrió una investigación, a petición de la fiscalía Anticorrupción, sobre el amaño de unas oposiciones en la Policía Local de Palma. Las preguntas del examen se filtraron a varios opositores y se hizo a través del ordenador del que era director general de Seguridad Ciudadana de Palma, Enrique Calvo, del PP. Las preguntas se facilitaron a una serie de policías que, según se supo más tarde, iban a ocupar puestos claves en la estructura policial. Estos policías habían sido elegidos, como se supo más tarde, por dos políticos de mucho peso en la capital de Mallorca, como era José María Rodríguez, presidente del PP de Palma, y Álvaro Gijón, concejal del PP en el Ayuntamiento palmesano y diputado de este partido en el Parlamento balear.

Pese a que la investigación se mantuvo durante meses bajo secreto de sumario, la jueza instructora adoptó esta medida únicamente para facilitar la declaración de varias prostitutas. Estas mujeres, todas extranjeras, declararon que habían tenido relaciones sexuales con políticos de Baleares, pagando el servicio el propietario del club. Al ser extranjeras y llevar poco tiempo en España no pudieron identificar a estos invitados, pero sabían que eran políticos.

Agentes trabajando de porteros

Tirando del hilo del caso del amaño de las oposiciones se descubrió una situación mucho más grave: policías locales de Palma estaban trabajando de porteros en varios locales de ocio, la mayoría de ellos pertenecientes a Cursach. Pero al margen de este servicio privado de seguridad se descubrió también una trama de extorsión. Policías locales de Palma, pertenecientes a la unidad Patrulla Verde, se dedicaban presuntamente a extorsionar a pequeños empresarios del negocio del ocio. Les exigían dinero, a cambio de evitar inspecciones, y si no aceptaban estas condiciones, las visitas policiales eran constantes, que siempre terminaban con sanciones económicas y provocaban el cierre del negocio. Mientras se descubrían todas estas irregularidades, la Policía consiguió la declaración de varios testigos de vital importancia, que después han sido objeto de una persecución, con palizas incluidas.

El 28 de febrero de 2017, la Policía detuvo a Cursach y a su principal ejecutivo, Bartolomé Sbert, provocando en Mallorca un revuelo sin precedentes. A ambos se les acusó de unos 20 delitos, que iban desde su pertenencia a una organización criminal, cohecho, tráfico de drogas, información privilegiada y otros delitos, incluidos dos homicidios. El juez Manuel Penalva, que en ese momento instruía la causa, ordenó el ingreso en prisión de los dos detenidos, una decisión que se acordó cuando la causa continuaba bajo secreto sumario. A partir de la detención de Cursach, varios de los testigos empezaron a ser perseguidos, vigilados y agredidos.

Cursach estuvo exactamente un año en prisión preventiva. No lo dejó en libertad el juez de instrucción, sino que fue la Audiencia de Palma, que fijó una fianza de un millón de euros. Coincidiendo con la presencia del empresario en prisión se inició una campaña de persecución y denuncia contra el juez Penalva y el fiscal encargado del caso, Miguel Ángel Subirán, ambos responsables de la investigación contra el poderoso empresario. El promotor de esta campaña fue el abogado Vicente Campaner, que defendió a Cursach cuando desde la cárcel de Palma se decidió trasladarlo de centro y enviarlo a una prisión de la Península. Este abogado consiguió que se declarara la nulidad del traslado y logró el retorno de su cliente a la cárcel mallorquina. Finalmente, se consideró que el juez Penalva había perdido la imparcialidad y se decretó que se apartara de la investigación, asumiendo todo el caso el actual instructor, Miguel Florit.

El juzgado, ante la complejidad de la investigación, decidió trocear la causa. A Cursach se le ha imputado en las dos primeras macropiezas. La primera, confirmada por la Audiencia provincial de Palma, se trata de las descritas fiestas para policías que se celebraban en la discoteca Tito’s. La segunda era por el soborno a funcionarios. Estos dos casos están pendientes de que la fiscalía Anticorrupción presente su escrito de acusación y se celebre el juicio, cuya fecha está aún por determinar. Entremedias se ha cruzado ahora la controvertida actuación del juez Florit contra la prensa, complicando aún más la compleja instrucción.