La Fiscalía de Málaga acusa al artista Invader y al exdirector del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga y ex secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía, Fernando Francés, de un delito contra el patrimonio histórico por la colocación de mosaicos del creador urbano en edificios de la capital malagueña integrados como Bien de Interés Cultural (BIC). Solicita que cada uno sea condenado a pagar 36.000 euros de multa.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han asegurado que en su escrito provisional de acusación el fiscal acusa a ambos por un delito continuado, en el caso de Invader como presunto autor y en el de Francés como supuesto inductor; y como indemnización solicita que paguen a los propietarios de los edificios afectados los gastos de la retirada de los mosaicos y reparación de las fachadas. En total son unos 7.800 euros.

Este procedimiento se abrió tras la querella presentada por la Fiscalía contra Invader y Francés por la colocación entre los días 19 y 21 de mayo de 2017 de 15 mosaicos formados por azulejos en paredes y fachadas de edificios del centro histórico de la capital, entre ellas la del Palacio Episcopal y la del de Salinas --singularmente protegidos--, sin autorización administrativa ni de los titulares de los inmuebles.

La acusación pública ha venido sosteniendo que las obras se instalaron en inmuebles situados dentro del sector delimitado como BIC, inscrito en el Catálogo del Patrimonio Andaluz, apuntando que el material usado para colocarlos causó, según esta parte, "un daño por alteración en las fachadas". Sólo en un caso se pidió autorización, a través de un correo electrónico de un cuenta del CAC; solicitud que fue denegada por la propiedad, aunque el mosaico fue colocado.

Para el fiscal, esta 'invasión', que es como se conoce la instalación de mosaicos que lleva a cabo dicho artista galo, fue "propuesta" por Francés, según las fuentes; además de contar con el apoyo y estar programada por este, que se reunió con Invader en París a finales de 2015 supuestamente para proponerle la acción e invitarle a venir para escoger los lugares. Una primera visita que fue en primavera de 2016 y después se produjo la de 2017 para la colocación.

El ministerio público acusa a ambos de un delito continuado contra el patrimonio histórico, solicitando inicialmente que se les condene a una multa de 24 meses, a 50 euros por día; y que se acuerde el comiso de los mosaicos retirados y que se quiten los que aún estén colocados. Además, insta a que como indemnización paguen a los propietarios por los daños ocasionados, que por el momento son un total de 7.800 euros.

No obstante, según las fuentes, algunas cantidades se tienen que concretar aún, ya que no se ha retirado el mosaico y solo existe una previsión de coste. Además, se considera a dos sociedades supuestamente vinculadas al exdirector del CAC como responsables civiles directas para hacer frente al conjunto de las indemnizaciones tasadas.