Andalucía compite sin armas por los rodajes ante el «dumping fiscal» vasco

De un tiempo a esta parte, en las películas andaluzas hay guiños al País Vasco. Por más que cuando llega el verano, las playas de Cádiz se llenen de euskaldunes, esos giros de guión responden casi en exclusiva a razones de presupuesto. Rodar en el País Vasco sale a cuenta. Mientras en las comunidades de régimen común, los incentivos no pueden exceder del 30%, en Euskadi y Navarra han comenzado a aplicar deducciones que permiten a las producciones desgravarse hasta un 70% de lo invertido. Una suerte de dumping fiscal aplicado a la industria del cine.

Por eso hoy son muchos los productores que han creado un puente permanente entre ambas comunidades para poder sacar adelante sus proyectos. Una de ellas es Marta Velasco, presidenta de la Academia del Cine de Andalucía y fundadora y CEO de Aralan Films (Rita, Segundo Premio, Intemperie). «Para poder hacer hoy una película de unos tres-cinco millones de euros, que es el presupuesto medio para poder mandarla a competir en los Goya, hay que hacerla combinando el incentivo vasco», traslada Velasco sobre proyectos que, de media, tienen 90 personas de alta por rodaje y un mínimo de tres años de desarrollo y la necesidad de mucha tecnología cara en la fase de postproducción.

Lo dice por experiencia: su última criatura se llama Lucidez, un thriller psicológico dirigido por Gonzalo Bendala con Óscar Casas, José Coronado y Najwa Nimri como protagonistas y rodado entre Sevilla y Bilbao. Bosques con bruma también hay en Grazalema, «pero si me voy a uno del norte me cuadran las cuentas, no es que rodar allí sea más barato, porque hay pagar desplazamientos, coger hoteles, dietas... pero luego, con la desgravación, las cuentas cuadran», razona Velasco. Málaga, cómo no, lo sufre; sólo un ejemplo: hace tres años, la serie británica A town called Malice un thriller criminal ambientado en la Marbella de principios de la década de los 80 terminó rodándose en Tenerife por los potentes incentivos fiscales de los que dispone Canarias.

Como Marta Velasco, muchos productores andaluces están en la misma situación y con la misma diatriba pero no todos hablan en on. Toca hacerlo. Según los datos de las Films Commissiones de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, en 2024 se rodaron más de 252 producciones. A través de sus diputaciones forales y de la Lehendakaritza, el País Vasco ha hecho de los rodajes una de sus industrias recientes y más punteras que recibe un goteo permanente de peticiones para localizaciones, de productores de España e internacionales. De hecho, no es raro que rodajes andaluces coincidan a la vez y que muchos técnicos de aquí hayan emigrado seguros de que allí tienen la estabilidad y continuidad laboral que les arrebata una industria que camina a trompicones en Andalucía.

El problema del cine en Andalucía hoy no es el talento ni los escenarios, sino una desventaja fiscal que la frena en la carrera por los rodajes. Durante décadas, Andalucía ha sido uno de los grandes platós naturales de Europa. Su diversidad paisajística, el clima y una industria auxiliar consolidada la convirtieron en destino habitual de producciones de todo tamaño. Pero en el nuevo mapa del audiovisual español la fiscalidad es el principal factor de competitividad. Y aquí Andalucía compite en clara desventaja frente a territorios que sí disponen de herramientas fiscales propias.

Canarias ofrece ventajas fiscales superiores vinculadas a la insularidad y País Vasco y Navarra cuentan con un régimen fiscal propio que les permite diseñar incentivos específicos. ¿Y las demás?, ¿y Andalucía? Como en el debate sobre la financiación autonómica, esto siempre es un asunto delicado en el que cada territorio juega su partida.

Herramientas

Y esto ocurre, según Gustavo Fuentes, director del Grupo ADM y presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía, en un momento en que «en Andalucía se están haciendo los deberes». Se refiere al trabajo de la Junta de Andalucía en la simplificación administrativa, que va desde la unificación de permisos para grabar con menores, hasta todo el papeleo administrativo para el rodaje en entornos patrimoniales y naturales, un trabajo que ha venido de la mano con la trayectoria que lleva marcando desde más de 25 años la Andalucía Film Commission (AFC). «Hay productores que prefieren un rodaje diez mil euros más caro pero que le faciliten todo el quebradero de cabeza de los permisos», insiste sobre el modus operandi en rodajes de Bollywood o de grandes producciones europeas.

Marta Velasco también destaca cómo Canal Sur «ha doblado» su apoyo al cine y desde la Consejería de Cultura, y sobre todo, desde el regreso de Patricia del Pozo a estas competencias, «se ha mejorado» las ayudas a la producción de proyectos. Pero aún con todo esto, hacer cine es caro y el primer mandamiento de un jefe de producción es que el presupuesto no se dispare.

Por eso ya hay comunidades que se están poniendo las pilas para acortar esta brecha que abren los incentivos del País Vasco. Comunidad Valenciana y Galicia están reforzando su paquete de atracción ampliando las ayudas directas a la producción y al desarrollo y medidas de acompañamiento (tramitación, promoción, impulso industrial) para que rodar allí sea viable no solo por el descuento fiscal, sino por un ecosistema que sostenga proyectos y empresas.

También tiene mucha importancia el trabajo que se hace para exportar esa industria: Cataluña va a la cabeza en esta política con Catalan Films, una suerte de Extenda catalana para el cine dependiente de la Generalitat, que en Andalucía suple con sus propias herramientas el equipo de Andalucía Film Commission que lidera Piluca Querol.

«Juego de Tronos»

La historia de los incentivos en el cine no es tan larga en España. Carlos Rosado, presidente de la Andalucía Film Commission (AFC) y expresidente de la Spain Film Commission, sitúa uno de los momentos clave de esta historia en 2015, cuando Juego de Tronos eligió el Real Alcázar de Sevilla y otros enclaves andaluces, como Osuna y Córdoba, para situar escenarios de la quinta temporada. La experiencia fue un éxito artístico y logístico, pero dejó una advertencia que marcó un antes y un después. Al finalizar, la productora ejecutiva de HBO fue directa: «Ha sido un placer rodar aquí, grandes escenarios y grandes profesionales, pero sin exenciones fiscales, no vamos a volver», recuerda Rosado.

Aquella frase activó una reacción inmediata. Rosado se reunió con Cristóbal Montoro para trasladarle la necesidad de adaptar el marco fiscal español a la realidad del mercado audiovisual internacional. «Fui con un documento y un dato: lo que Ridley Scott se había gastado en Almería en el rodaje de Exodus era más que lo que daba todo el Gobierno español al cine». Como recuerda Querol, de 200 millones de euros de presupuesto que tenía esta superproducción de Hollywood «43 millones se quedaron en España en tan sólo 6 meses, estos datos fueron determinantes para la puesta en marcha del Ministerio de Hacienda en la definición de los incentivos fiscales».

El resultado fue la reforma del artículo 36.2 del Impuesto de Sociedades, un cambio que transformó el modelo de apoyo público al cine. Hasta ese momento, el sistema se apoyaba casi exclusivamente en subvenciones directas, ayudas selectivas y bmecanismos financieros complejos como las Agrupaciones de Interés Económico (AIE). Era un modelo pensado para sostener la producción nacional, pero poco eficaz para atraer inversión internacional.

La reforma impulsada bajo el mandato de Montoro supuso un cambio de paradigma. El Estado dejó de actuar únicamente como financiador directo para convertirse en facilitador de inversión privada, desplazando el eje del apoyo desde la subvención hacia el incentivo fiscal. Y así España adoptó un esquema homologable al de otros países europeos: una deducción del 30% sobre el primer millón de euros invertido y del 25% a partir de esa cifra. El mensaje era claro: rodar en España dejaba de ser solo una apuesta cultural para convertirse en un industria.

Ese marco se fue consolidando con reformas posteriores. Se ajustaron topes, se clarificaron gastos elegibles y, finalmente, en 2021, ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, el sistema se amplió para incorporar de forma más decidida los rodajes internacionales, tanto de cine como de televisión. Desde el punto de vista externo, el resultado fue evidente: España pasó a ser un país competitivo en su entorno, capaz de atraer grandes producciones gracias a una combinación de escenarios, profesionales, fiscalidad y una seguridad que no dan rodajes en otros países más baratos.

Ahora el problema está, por tanto, de puertas para adentro. Para Rosado, el modelo español en su conjunto es bueno, pero claramente mejorable. La advertencia final es para Andalucía: «La realidad es que han bajado el número de rodajes y el gobierno andaluz tendría que plantearse esta situación».

A su juicio, hacen falta medidas que eviten que el trabajo acumulado durante años se diluya. «Tenemos que hacer una reflexión profunda, pero sobre todo ir con los deberes hechos a hablar con los gobiernos. Marcar la estrategia desde el sector, y aquí, eso no se ha hecho», opina Rosado.

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