En una conferencia con analistas para presentar los resultados del grupo, el consejero delegado de la compañía, Honorato López Isla, citó estas dos medidas como las más necesarias al ser preguntado acerca de las negociaciones entre las eléctricas y el Ministerio de Industria para acabar con el déficit de tarifa --diferencia entre el coste reconocido de la generación y los ingresos regulados--, que sólo este año alcanzará los 4.750 millones.

En su opinión, la subida media del 5,6% en las tarifas eléctricas aplicadas el pasado 1 de julio es "insuficiente para reducir el déficit tarifario". "Para acabar con el desajuste lo primero que hay que hacer es saber si se está realmente pagando la energía al precio real", ya que "antes de operar al enfermo hay que evitar que se desangre por algunos sitios", afirmó.

Junto a esto, pidió que se reduzcan los incentivos a las renovables, ya que mediante este mecanismo las generadoras más orientadas hacia el régimen ordinario como Unión Fenosa deben costear las primas al régimen especial.

"No hay que seguir incrementando los pagos a las actividades no reguladas que, en mi opinión, son demasiado reguladas", y "me refiero a las renovables", afirmó el consejero delegado de Unión Fenosa antes de señalar que "está muy bien tener compromisos medioambientales, pero no a coste de cualquier cosa".

Para López Isla, es necesario diseñar una regulación "dentro de un mercado abierto" en la que "se cierren los grifos que están abiertos", puesto que "los objetivos no tienen que ser a costa de los demás".

"Nosotros también tenemos en menor medida energías renovables, pero no queremos que dar esos incentivos sea a costa de que el dinero venga de otros, en este caso del régimen ordinario", indicó antes de sostener que las propuestas de su compañía a Industria no pretenden sino "poner cada cosa en su sitio".

"No sé por qué Unión Fenosa tiene que aportar dinero para que se lo lleven otros", cuando "el déficit no lo crea Unión Fenosa", añadió. La compañía tiene pendiente de cobro 700 millones procedentes de este desajuste, de los que más de 200 millones corresponden a 2006, unos 160 millones a 2007 y 300 millones a 2008.

Por otro lado, López Isla reconoció que los clientes industriales cuyas tarifas quedaron liberalizadas el pasado 1 de julio deben afrontar ahora precios de la electricidad "sustancialmente más altos", por lo que "les ha costado bastante admitir que tienen que ir al mercado".

Tras reconocer el "esfuerzo" de los clientes industriales para adaptarse a la nueva situación, consideró que no se ha producido "ningún problema general" en el proceso de liberalización.