El acuerdo supone un traspaso accionarial de Aerolíneas Argentinas y Austral al Estado argentino. La compañía española señaló que ambas partes se han comprometido a aportar la documentación de la operación mercantil, documentos e informes periciales, no antes de 60 días a partir de la fecha de hoy.

De esta forma, los aspectos más concretos del acuerdo, al que han tenido conocimiento las autoridades españolas así como los embajadores de ambos países, se fijarán en los próximos dos meses.

"Estamos bastante satisfechos", indicaron a Europa Press fuentes del grupo Marsans. En este sentido, señalaron que con esta "operación mercantil" el grupo español evita entrar en una batalla legal, que podría llevar a caminos "no mercantiles". En este sentido, el Gobierno argentino ya amenazó al grupo español con intervenir en la compañía aérea.

Marsans ya había cerrado el pasado mes de mayo un acuerdo con el Gobierno argentino para que Aerolíneas Argentinas, en manos casi en su totalidad del grupo español, contara con una participación del 20% del Ejecutivo y del 10% de sus empleados. El 70% restante quedaría repartido entre Marsans y nuevos accionistas de empresas argentinas, cada uno con un 35% a cambio de que el Gobierno de Cristina Kirchner permitiera un aumento de tarifas de los billetes.

Por su parte, el propietario de la empresa naviera Buquebús, Juan Carlos López Mena, firmó un acuerdo con el presidente del grupo español, Gonzalo Pascual, por el cual le manifestó su interés de entrar en la compañía con un capital mayoritario para hacerse con el control de Aerolíneas Argentinas.

No obstante, el retraso en el pago de los sueldos de los trabajadores precipitó la situación. Así, el Gobierno argentino decidió solicitar la intervención judicial de Aerolíneas Argentinas para facilitar el pago de sueldos atrasados, solicitando a la justicia la disposición de las medidas necesarias tanto para garantizar el pago como la continuidad de los servicios.

Ayer mismo, en una audiencia ante el juez comercial Jorge Sicoli, Aerolíneas Argentinas acusó al Estado y a los sindicatos de haber provocado la crisis al haber retrasado los aumentos de tarifas y sostuvo que su pasivo está en línea con las de otras empresas del mercado aéreo. El Estado argentino sostenía que la compañía contaba con una pasivo de 800 millones de dólares, frente a la cifra de 220 millones de dólares que barajaba el grupo Marsans.