La Justicia argentina investiga un millonario pago a las reaseguradoras

El pago se concretó a finales de 2007, derivó en un sumario interno en el Ministerio de Economía y fue investigado por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, quien denunció el caso ante el juzgado federal de María Servini de Cubría.

En declaraciones publicadas hoy por el diario La Nación, de Buenos Aires, Garrido sostuvo que funcionarios públicos y terceros "pergeñaron una maniobra para realizar una disposición patrimonial absolutamente perjudicial para el Estado".

El pago en efectivo por 53,9 millones de pesos (15,5 millones de dólares) fue autorizado en octubre de 2007 por funcionarios de la cartera de Economía por una supuesta deuda de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) que tenía más de 20 años.

Entre los funcionarios implicados por haber autorizado el pago están Osvaldo Siseles, ex subsecretario del área Legal del Ministerio de Economía, y la ex directora de Asuntos Jurídicos de esa cartera Yolanda Eggink, hoy funcionaria del Ministerio de Planificación.

Ambos funcionarios están procesados en otra causa judicial por un supuesto pago indebido a un grupo empresario local.

Otro sospechoso es el ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial Cayetano Intelisano, que aún trabaja en el Ministerio de Economía.

El dinero del pago, según el fiscal, fue depositado en distintas cuentas, en operaciones sospechosas de ser un "lavado de dinero".

Además Garrido sospecha que la autorización de un pago por un monto superior al reclamado -11 millones de pesos (3,1 millones de dólares)- esconde un posible soborno o retorno de dinero.

Asimismo, la fiscalía advirtió que no fue comprobada la existencia de los contratos firmados entre 1977 y 1982 y que en teoría dieron lugar a la deuda de la Caja de Seguros, entidad que fue cerrada y sustituida por el Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado (INDER).

Antes de cobrar, representantes de las siete reaseguradoras acreedoras, agrupadas bajo la denominación Accolade Pool, presentaron una sentencia de un juez del Tribunal Comercial del Reino Unido que ordenaba el pago de unos dos millones de dólares, a lo que el Estado argentino se negó.

En 2003 un juez argentino dictó sentencia desconociendo "fuerza ejecutoria" de la resolución extranjera, decisión que fue confirmada por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.

"Conforme al estado de avance de esta investigación preliminar corresponde inferir con un grado de sospecha suficiente una connivencia entre funcionarios públicos y terceros destinada a cobrar ilegítimamente una suma de dinero en efectivo para luego desplegar una compleja trama de atomización de las sumas", indicó Garrido.

Según publica hoy el diario Crítica, de Buenos Aires, en cabeza de Accolade Pool está Iván Holjevac, un empresario que es dueño del hotel Las Cumbres de Punta del Este (Uruguay) y "se presenta como uno de los propietarios del hotel Conrad en esa ciudad".

El periódico añadió que Holjevac, croata, de 66 años, "figura en un informe de la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados" de Argentina.