El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha acusado hoy al Gobierno de Argentina de haber llevado a cabo una campaña de "hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas y planificadas" para provocar el derrumbe del precio de YPF y facilitar así su expropiación a precio de saldo.

En rueda de prensa, Brufau ha calificado la intención del Gobierno argentino de nacionalizar YPF de acto "absolutamente ilegítimo e injustificable" y ha relacionado esta actuación con el descubrimiento del yacimiento "Vaca Muerta", uno de los más importantes de los últimos años.

El presidente de Repsol anunció que recurrirá al arbitraje internacional y exigirá una compensación "pronta" por las acciones expropiadas, al menos por la misma cantidad que la que le correspondería a los accionistas de acuerdo con la ley y que la compañía cifra en 46,55 dólares por acción, lo que supone valorar YPF en 18.300 millones de dólares.

En su opinión, los importantes hallazgos de hidrocarburos no convencionales realizados en Argentina son "muy golosos" y hay gente que opina que no se pueden dejar en manos de quienes, como YPF, tienen derecho a gestionarlos.

En este sentido, Brufau ha asegurado que Repsol ha recibo por escrito ofertas "interesantes" para participar en YPF.

Brufau ha asegurado que pese a sus reiterados intentos de reunirse con la presidenta argentina, Cristina Fernández, para tratar de buscar una solución negociada al conflicto desatado en torno a YPF, ésta se ha negado.

"He pedido poder hablar con Cristina para intentar saber qué es lo que quiere y cómo podíamos todos llegar a acuerdos. No ha sido posible porque está muy ocupada. No he tenido oportunidad de verla", ha lamentado Brufau, quien ha recordado que Argentina tampoco ha querido escuchar al Gobierno español.

Asalto a la sede

El presidente de Repsol ha criticado también el asalto a la sede de YPF protagonizado ayer por funcionarios argentinos, a los que vieron "echando a nuestra gente y tomando el control de la compañía antes incluso de que la presidenta acabase de explicar el decreto de expropiación".

"Estos actos no quedarán impunes", ha insistido Brufau, quien ha recordado que el representante del Estado argentino en el directorio de YPF "ha apoyado a lo largo de una década todas y cada una de las decisiones" adoptadas por éste.

En su opinión, la intención de expropiar YPF también está relacionada con la profunda crisis económica y social por la que atraviesa Argentina, consecuencia, entre otros motivos, de malas decisiones en política energética.

"Esta no es la Argentina querida. La gente argentina merece más cosas que las que estamos viendo", ha afirmado Brufau, quien ha expresado su respeto a la sociedad argentina.

Ha defendido las inversiones realizadas en Argentina y ha insistido en que se trata de una decisión "discriminatoria" porque la nacionalización sólo afecta a YPF y porque, dentro del capital de ésta, sólo a las acciones en manos de Repsol.

"¿Cómo se nos puede decir que somos el único responsable? Si esto no es discriminación, ¿qué es? Somos una compañía española y hay ganas de bronca", ha aseverado Brufau, en referencia a la situación energética del país y a la focalización de los problemas en YPF.

Actualmente, Repsol controla el 57,4 % del capital de YPF, compañía de la que el Ejecutivo argentino pretende ahora controlar el 51 % mediante la expropiación de sus acciones.

Soria advierte a Argentina: "Habrá consecuencias"

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló hoy que la decisión del Ejecutivo argentino de expropiar el 51 % de YPF, filial de Repsol, no es seria, explicó que las excusas que se ponen para esta operación son de "débiles argumentos" y subrayó que tendrá consecuencias. Soria ha anunciado hoy que ha solicitado una comparecencia urgente en el Congreso para explicar "la posición del Gobierno" ante la expropiación de la participación de Repsol en la petrolera argentina YPF.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en el Consejo Español de Turismo, Soria ha advertido de que la expropiación sienta un precedente "muy negativo" no sólo para el resto de las empresas españolas que operan en Argentina sino para las de "cualquier país del mundo" que tengan inversiones en ese país. A día de hoy, las otras empresas españolas con presencia en Argentina "operan con normalidad", explicó Soria.