El Ministerio de Asuntos Exteriores ha remitido a todas sus embajadas una serie de directrices para desmontar los argumentos que están utilizando las autoridades argentinas para justificar la expropiación de YPF.

Ese argumentario con la posición del Gobierno español ante la "ilegalidad" de la expropiación del 51 por ciento de la petrolera filial de Repsol, informa también del envío de una carta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la presidenta argentina, Cristina Fernández, han informado a Efe fuentes diplomáticas.

En esa carta, remitida cuando aún no se había tomado la decisión de la expropiación, Rajoy ya exponía su preocupación por las noticias que se estaban sucediendo ante la posibilidad de la intervención que finalmente se realizó.

El argumentario enviado por Exteriores a sus 118 embajadas rechaza todas las justificaciones que están dando las autoridades argentinas para la expropiación, como las relativas a la falta de inversión de Repsol en Argentina y que es calificada de "falacia".

En esa línea, explica que todos los planes de inversión de la petrolera española en el país sudamericano fueron aprobadas por su Gobierno.

Explica también la serie de gestiones que ha realizado en los últimos meses el Gobierno español, como sendos viajes a Buenos Aires del secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia, y el ministro de Industria, Jose Manuel Soria.

El Ejecutivo considera que tras la campaña en contra de Repsol-YPF, el hecho que desencadenó la decisión final de las autoridades argentinas fue el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta.

Al mismo tiempo, subraya que se ha sabido que Argentina está manteniendo contactos con petroleras chinas sondeando la posibilidad de que exploten ese y otros yacimientos.

Asimismo, Exteriores recuerda las malas formas utilizadas cuando las autoridades argentinas ocuparon las dependencias de la compañía y desalojaron a los directivos españoles.

La intención del Gobierno es que todos esos detalles sean trasladados por las embajadas españolas a los gobiernos de los países en que están asentadas, así como a sus medios de comunicación y ciudadanos en general.