Carlos Vidal-Meliá, doctor en economía y experto en pensiones, fue una de las personas propuestas por el Instituto de Actuarios de España a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para integrar el grupo de doce expertos a los que el Gobierno encargó un informe para la reforma de las pensiones. Vidal asegura que no fue incluido por sus posiciones contrarias a la línea gubernamental.
¿Es realmente necesaria una nueva reforma de las pensiones?
Era absolutamente necesaria, es más, se debería haber realizado mucho antes. Si el Ministerio de Empleo midiera el nivel de solvencia o sostenibilidad del sistema de acuerdo con las prácticas de las Administraciones Públicas de Seguridad Social de países como Suecia o EE UU, en el año en el que se gestó la reforma en España (2010), se hubiera conocido que el 34,3 % de los compromisos asumidos por el sistema estaban sin cobertura, o que el sistema tendría que incrementar el tipo de cotización de manera muy notable para que se pudiera hacer frente a todas las prestaciones previstas durante los próximos 75 años. Es probable que, en ese caso, la reforma se hubiera realizado antes, ya que, aunque la situación de tesorería del sistema permitía pagar las prestaciones, la solvencia del sistema, debido entre otros al efecto previsto del envejecimiento, estaba ya muy deteriorada, aunque se transmitía la imagen contraria.
¿Es adecuada la reforma?
La respuesta es que no. Por poner sólo un ejemplo, la fórmula de cálculo de la pensión de jubilación reproduce los defectos, aunque algunos atenuados, de la que estaba en vigor hasta el pasado 31 de diciembre. La fórmula de cálculo sigue siendo demasiado compleja, no tiene en cuenta todo el esfuerzo contributivo, contiene muchas excepciones, no se basa en elementos actuariales explícitos, no incentiva verdaderamente la prolongación de la estancia de los trabajadores en el mercado laboral y no contiene mecanismos para ser adaptada automáticamente a los cambios demográficos que afecten al sistema (esperanza de vida). La fórmula debería haber tenido en cuenta toda la carrera laboral para el cálculo de la base reguladora y equilibrar el peso de los años cotizados en la tasa de sustitución. Parte de estos inconvenientes se pretenden corregir con la anticipación de la aplicación del factor de sostenibilidad y su definición.
¿Es necesario adelantar a 2014 el factor de sostenibilidad previsto para dentro de 18 años? ¿Qué consecuencias tendrá para pensionistas presentes y futuros?
La Ley 27/2011 introduce un denominado factor de sostenibilidad basado en la evolución de la esperanza de vida de los individuos de 67 años a partir de 2032, pero que en la realidad no es más que un Mecanismo de Ajuste Financiero (MAF) semiautomático que incorpora un gran nivel de discrecionalidad. El pomposamente denominado factor de sostenibilidad incumple todas las propiedades más relevantes de los MAF. Por ejemplo, en automatización (el factor legislado para España no es automático y se basa sólo en un aspecto como la esperanza de vida), en los efectos (no hay efectos inmediatos en el corto plazo, por lo que la fortaleza de sus medidas de estabilidad financiera en el largo plazo es muy débil, ya que puede ser modificada en cualquier momento y perder su efectividad) o en gradualidad (las medidas derivadas de la aplicación de los MAF deben materializarse en cambios progresivos sin que ningún individuo o generación soporten una carga excesivamente grande en un corto período temporal y, en el caso español, se desaprovechan al menos 20 años (2012-2032) para su aplicación, por lo que se tendrían que realizar supuestamente ajustes drásticos en función de las proyecciones demográficas previstas). Por tanto, no sólo es necesario adelantar su aplicación, es más urgente todavía definir cómo se aplicará y a quiénes afectará (no tendría porqué afectar sólo a los pensionistas, también podría afectar a los cotizantes, como ocurre en Suecia o en Japón).
¿Qué ventajas tendría su definición y aplicación anticipada?
Los ajustes serían graduales y objetivos al derivar de un indicador de solvencia o sostenibilidad. No se tendría que esperar a que los políticos tuvieran que realizar continuas reformas paramétricas, que normalmente son costosas y con un timing inapropiado. Se realizarían inmediatamente y con una perspectiva temporal que coincidiría con el horizonte de planificación del sistema. Aumentaría la equidad intergeneracional al no diferir los ajustes a las generaciones futuras. Por último, las consecuencias para los pensionistas presentes y futuros dependerán básicamente de cómo se defina finalmente el factor de sostenibilidad y de la evolución de la salud financiera del sistema de pensiones. No hay que olvidar que un sistema de pensiones es un sistema articulado para repartir la producción entre los activos y los pasivos. Si la producción decrece y aumenta el número de pasivos, difícilmente se van a poder mantener el nivel de prestaciones actuales.
¿No es suicida, con esta crisis, deprimir aún más a un sector clave como el de los pensionistas con una reforma de estas dimensiones?
En absoluto. La cuestión fundamental es la que he apuntado antes. El sistema de pensiones tiene que repartir la producción, es decir la riqueza generada, de una manera justa y eficiente. Es absolutamente injusto para las generaciones futuras cargarlas con deudas desproporcionadas por mantener un sistema de protección mal diseñado e insostenible. En cualquier caso, el factor de protección social paralelo es insostenible y traerá peores consecuencias en el medio plazo.
La reforma, con su apuesta por la pérdida de poder adquisitivo y la supresión de la vinculación al IPC, aboca al progresivo empobrecimiento de una población que saldrá de esta crisis bastante empobrecida. ¿No hay otras fórmulas posibles?
Si el sistema tiene dificultades financieras para cumplir con los compromisos asumidos, hay que articular fórmulas para resolver sus dificultades y hacer posible que lo que promete el sistema de pensiones a sus pensionistas se adapte a la realidad. Países como Japón, Suecia, Alemania, Finlandia o Canadá tiene en vigor mecanismos para corregir de manera automática este tipo de desequilibrios. En definitiva, no es exagerado decir que la reforma falla desde el punto de vista de la comunicación a la sociedad, ya que no le hace comprender al cotizante que sus prestaciones dependen de dos aspectos: El individual, derivado de sus acciones, como la cuantía de las cotizaciones realizadas, el tiempo durante el que ha estado cotizando, la edad de jubilación, etc.. y el colectivo, es decir la capacidad del sistema de hacer frente a las obligaciones adquiridas con cotizantes y pensionistas, de tal manera que las dificultades financieras pueden repercutir también en la cuantía de las prestaciones.
¿Serán precisos los planes de pensiones privados para complementar los públicos?
La recomendación sería canalizar, si es posible, parte del ahorro en instrumentos de previsión social individual, pero en la situación actual es difícil para gran parte de los cotizantes ahorrar y prácticamente imposible para los desempleados.
¿Qué cree usted que se debería hacer en materia de pensiones?
El Gobierno, más que estar continuamente enredado en temas como la revalorización de las pensiones, el número de años que se consideran para el cálculo de la pensión o el factor de sostenibilidad, que es una mala solución para corregir la insostenibilidad implícita de un sistema mal diseñado, debería impulsar una reforma de gran calado inspirada en los cuatro principios que rigen el sistema sueco de pensiones: equidad (cuentas nocionales), transparencia (balance actuarial anual), solvencia (mecanismo financiero de ajuste automático) y comunicación con la sociedad (información personalizada anual). Se conseguiría, entre otras cosas, reducir el populismo en pensiones (que dejase de ser un instrumento de captación de votos).
