Este viernes es el último día hábil con que cuentan los titulares de una hipoteca que están inmersos en un proceso de desahucio para intentar suspenderlo alegando ante el juez que el contrato que firmaron con su entidad incluía alguna cláusula considerada abusiva.

El articulado de la ley antidesahucios, que se publicó en el BOE el pasado 15 de mayo, daba a estas personas un mes de plazo para presentar sus alegaciones desde su entrada en vigor, al día siguiente, pero sólo si el proceso ya había comenzado, mientras que quienes firmen una hipoteca a partir de ahora no están sujetos a plazo alguno.

Según la nueva ley, estos últimos cuentan también con la protección de los notarios, que estarán obligados a informar de cualquier cláusula abusiva que observen en una hipoteca en el momento de la firma de la escritura pública de propiedad de la vivienda.

Con este objetivo, el documento deberá incluir un párrafo en el que el notario haga constar que ha informado "pormenorizadamente" a los titulares de la hipoteca de todas las cláusulas incluidas en la misma, especialmente de las que puedan suponer un riesgo para ellos.

En este sentido, el Tribunal Supremo aclaró ayer que las cláusulas suelo de las hipotecas son nulas incluso si el cliente se benefició "durante un tiempo" de caídas en el euríbor, y que basta con que no cumplan alguno de los requisitos de transparencia exigidos en su sentencia del pasado 9 de mayo.

Tras este anuncio, el BBVA y Cajamar comunicaron que dejarán de aplicar, con efectos desde el pasado 9 de mayo, las cláusulas suelo en las hipotecas de sus clientes.

Esta decisión se produjo después de que el BBVA, Novacaixagalicia y Cajamar, pidieran días atrás una aclaración sobre la citada sentencia del 9 de mayo, que declaraba nulas las cláusulas suelo en los casos en que hubiera falta de transparencia.

En cuanto a la Ley Hipotecaria, la responsable de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, explicó a EFE en su día que la norma "hace una lectura claramente restrictiva" de la legislación europea, que no establece plazo alguno para presentar estas alegaciones ante el juez, por lo que pidió a los magistrados que "no acepten esta limitación".

Según Colau, "muchos" letrados creen que la ley antidesahucios "es ilegal" por establecer estos límites, que a su juicio, causan "indefensión y vulnerabilidad extrema" a colectivos ya muy maltratados.

Según recordó, sólo en 2012 se produjeron 40.000 desahucios de una primera vivienda, lo que equivale a más de cien al día, cifras facilitadas recientemente por el Colegio de Registradores de la Propiedad y el Banco de España.