La economía sumergida ha aumentado en 60.000 millones de euros durante la crisis hasta situarse en el 24,6 % del PIB al cierre de 2012, lo que suponen 253.135 millones de euros ocultos, de acuerdo con el estudio presentado hoy por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El estudio ha sido dirigido por el profesor de la Universitat Rovira i Virgili Jordi Sardà, quien ha participado en la presentación junto con el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, y el secretario general de la asociación, José María Mollinedo.

El informe atribuye el incremento de la economía sumergida al efecto arrastre del "boom" inmobiliario, al "espectacular" aumento del paro y al "masivo" uso de billetes de 500 euros.

A todo ello el estudio suma el "grave problema de moralidad con el pago de impuestos", lo que sitúa a España lejos de los niveles de economía sumergida de países como Alemania (13,1 %), Francia (10,8 %) o Reino Unido (10,1 %), si bien en Italia, Portugal y Grecia son mayores.

El mayor aumento del fraude se ha producido en las comunidades autónomas más castigadas por la "crisis del ladrillo" y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español.

Así, Extremadura es la que tiene un mayor porcentaje de PIB de economía sumergida (31,1 %), seguida de Andalucía (29,2 %), Castilla-La Mancha (29,1 %) y Canarias (27,9 %).

El documento destaca el caso de la Comunidad de Madrid con una tasa de economía sumergida "llamativamente baja" del 17,3 % del PIB, lo que atribuye a la elevada concentración de grandes fortunas y de grandes empresas nacionales y extranjeras, que concentran el pago de impuestos por sus actividades en esta comunidad, mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías.

Gestha señala que en Madrid tienen su sede el 60 % de las cien mayores corporaciones empresariales de España, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos con prácticas fiscales "abusivas" como las exenciones fiscales.

Según el informe, la crisis ha contribuido a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1 puntos de 2012.

Cruzado ha criticado que los gobiernos miren para otro lado cuando se trata de fraude y ha incidido en que la economía sumergida explica la inexistencia de revueltas sociales.

También se ha mostrado en contra del trato de favor que reciben los clubes de fútbol y de las situaciones vividas en Hacienda en los casos Nóos y Aizoon.

Sardá ha indicado que no hay conflictos sociales graves por el apoyo de la familia, la generosidad del Estado (subsidios), las ONG y la economía sumergida.

Mollinedo ha propuesto acciones como incrementar la concienciación ciudadana contra el fraude, mejorar los recursos de la Agencia Tributaria y su coordinación con las agencias autonómicas y hacer cambios impositivos para evitar la elusión fiscal.