La Comisión Europea anuncia este miércoles la cuantía de la multa que tiene intención de imponer a España por el déficit excesivo. La sanción no puede ser superior al 0,2% del PIB, por lo que no podrá superar los 2.000 millones de euros.

Más allá de la gravedad de la multa, que puede quedar también en un castigo simbólico, lo más preocupante para el Gobierno serán los nuevos ajustes a los que deberá hacer frente por sugerencia de Bruselas para que la tasa del déficit público no supere el 3%, aunque la Comisión ampliará a dos años el plazo para cumplir el objetivo.

Poco ha trascendido acerca de los recortes de gasto que desea la Comisión Europea, ya que las instituciones comunitarias se inclinan porque sea el propio Gobierno quien los formule en los próximos Presupuestos. En cualquier caso, la cantidad del recorte de gasto puede rondar los 10.000 millones de euros.

-No a la rebaja de impuestos

Pese a que el PP se comprometió en campaña electoral a una rebaja generalizada de impuestos, la Comisión Europea cree que la relajación del esfuerzo fiscal es una de las causas que han impedido que España cumpla el déficit.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha apresurado a indicar una subida del Impuesto de Sociedades, y con la que se espera recaudar más de 6.000 millones de euros. Asimismo, Bruselas tampoco está satisfecha con la reducción de los tramos del IRPF.

-Reforma del sector público

Los informes de la Comisión también apuestan por la profundización en la reforma del sector público, lo que podría suponer nuevos recortes para el colectivo de empleados públicos. En este sentido, los organismos europeos no están de acuerdo con la restitución de la paga extra a los funcionarios, suprimida en diciembre de 2012 y cuya devolución se aprobó el pasado mes de abril.

-Presupuestos con examen

La elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado será un rompecabezas para el Gobierno que emerja de las actuales negociaciones. La Comisión apuesta por unos presupuestos con más esfuerzos fiscales, en línea con lo que lleva defendiendo desde que se introdujo el rescate a las entidades financieras españolas en 2012.

Asimismo, podría implementar revisiones trimestrales para acreditar que se cumplen los objetivos y no hay nuevas desviaciones en las cuentas públicas.

-Recomendaciones para el sector laboral

Bruselas quiere, asimismo, que España tome medidas para una integración laboral efectiva, con un mayor peso de la Formación Profesional pero también de la educación superior. Además, apuesta por un fomento de la cultura del I+d+i a cargo del sector privado, y por la mejora de las capacidades de los servicios regionales de empleo.

-Congelación de fondos estructurales

Es probable que esta decisión se tome después del verano, pero el proceso sancionador podría incluir la congelación de fondos estructurales por un importe de 1.100 millones. Esos fondos incluyen programas de cooperación e inversión en todas las comunidades autónomas, así como ayudas y subvenciones al sector agrícola.