Los peritos judiciales del caso Bankia, Antonio Busquets y Víctor Noguera, han ratificado la existencia de irregularidades en las cuentas empleadas por Bankia en la operación de salida a Bolsa de 2011 al "no reflejar la imagen fiel" y "no cumplir la normativa de aplicación".

Así lo exponen ambos expertos en sendos informes remitidos al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en los que señalan como "especialmente falsas y contrarias" a la normativa los estados contables de 2010 tanto de Bancaja como de Caja Madrid, dos de las siete entidades que dieron lugar a Bankia.

Para los peritos, que ahora se apoyan en los correos del inspector "cabecera" José Antonio Casaus a sus superiores, críticos con el estado y la viabilidad del grupo BFA-Bankia, Bancaja declaró ese ejercicio un "falso beneficio antes de impuestos de 75 millones de euros" con José Luis Olivas, después vicepresidente de Bankia y ahora investigado, al frente de la entidad.

Cuantía superior la que atribuyen a Caja Madrid, que ascendería hasta los 236 millones de euros, coincidiendo con la presidencia de Rodrigo Rato, contra el que también se dirigen las pesquisas en esta causa.

Sobre los detalles de las reuniones mantenidas en 2011 entre los inspectores del Banco de España y los directivos de Bankia y su matriz, BFA, expone Busquets que la institución "no incluyó información sensible" como muestra que no exista comunicación alguna en la que se trate el descuento inicial del 74 % aplicado a las acciones de la entidad, algo que califica de "increíble".

Además, rebate el contenido de los contraperitajes realizados por expertos de las defensas, y defiende que se investigue la labor de la firma auditora Deloitte en el proceso que constituyó Bankia al considerar su participación activa y por tener la obligación de velar porque no existan "fraudes o irregularidades".

Insiste en que las entidades "no se tornan inviables de la noche a la mañana" y desconfía tanto de las supuestas "auditorías intachables" de Deloitte como de la declaración de su socio auditor, Francisco Celma, quien argumentó ante el juez que "en agosto de 2011, justo después de la salida a bolsa, el mundo cambió".

Sobre la reformulación de las cuentas en 2011, niega que ésta se produjese por los efectos de una "inesperada recesión", como achacaron algunos de los entonces integrantes del equipo de supervisión del Banco de España investigados, y apunta como verdadero motivo a la llegada del nuevo equipo del presidente José Ignacio Goirigolzarri y la existencia de pérdidas sin justificar.

"Al menos hasta el 4 de mayo de 2012 toda la información que Bankia vertió al mercado presentaba una situación favorable", destaca el perito, que relata cómo "tan sólo 11 días después" la situación derivó en "enormes pérdidas" que acabaron por "socializarse".

Entre otras operaciones cuestionadas, el informe, al que ha tenido acceso Efe, señala los supuestos "intereses minoritarios de Bancaja Inversiones", un asunto al que consideran de "importancia capital" dado su elevado impacto en los resultados, cifrados en 900 y 1.200 millones de euros.

En su opinión, este hecho "hace falsas todas las cuentas de BFA individuales y consolidadas desde las de 2010, las de constitución del SIP (fusión de las cajas), a las reformuladas de 2011" y, por ende, a toda la información contenida en el folleto informativo de la salida a Bolsa.

Sobre cómo se ha cuestionado su papel en la causa, Busquets afea los reproches a su labor por supuesto "sesgo retrospectivo" como alegan algunas de las defensas de la treintena de acusados, e ironiza con que se tratan de "gajes del oficio" incluidos "en el sueldo de los peritos de parte".