La Generalitat de Cataluña ha acusado al Gobierno de haber "sobrepasado ampliamente" y "sin justificación" los límites de las medidas que permite el artículo 155 de la Constitución, porque van más allá de buscar el cese de las actuaciones del Govern relacionadas con el proceso independentista.

Así consta en las alegaciones a la aplicación del 155 que la Generalitat ha remitido al Senado.

A juicio del Ejecutivo catalán, las decisiones que recoge el acuerdo del Gobierno para aplicar el 155 que va a debatir el Senado, "despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones".

Cita por ejemplo, entre otras, el hecho de que el presidente del Gobierno vaya a asumir la potestad de disolver el Parlamento y convocar elecciones en Cataluña, así como cesar al presidente de la Generalitat, limitar las potestades del Parlament y que el Estado se haga cargo de "la dirección política de la administración de la Generalitat en su conjunto".

Por ello, considera que si el Senado autoriza las medidas, "estaría imponiéndolas sin una ponderada causa justificante e incurriendo en un exceso notorio" respecto al objeto del requerimiento previo que el Gobierno hizo a la Generalitat al activar el 155.

También interpreta que existe "una clara falta de congruencia" respecto de ese requerimiento y "con manifiesta desproporción entre la finalidad perseguida y las alteraciones impuestas al sistema institucional de la Generalitat".

En consecuencia, la Generalitat considera que ha habido una "patente vulneración del procedimiento previsto para el artículo 155 de la Constitución".

Mientras tanto, la ponencia de diez senadores encargada de estudiar las medidas acordadas por el Gobierno contra la Generalitat de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución se reúne este jueves a partir de mediodía, a puerta cerrada, para estudiar posibles alegaciones y modificaciones a las propuestas del Ejecutivo.

Se trata de tres senadores del PP, su portavoz en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, junto con Javier Arenas y Xabier Albiol; dos del PSOE, su portavoz Ander Gil y María Luisa Carcedo; y uno de Unidos Podemos, Miren Gorrochategui.

También trabajan en este mismo grupo el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, Josep Lluís Cleries por el PDeCAT, Miquel Àngel Estradé, de ERC, y Francisco Yanguas, de UPN, este último en representación del grupo Mixto.

Todos ellos forman parte de los 27 miembros de la comisión conjunta conformada para tramitar las medidas propuestas por el Gobierno y que para poder aplicarse necesitan la autorización de la mayoría absoluta del Senado.

Pero antes de que la Cámara las debata y vote en la sesión extraordinaria convocada para mañana viernes a las diez de la mañana, tienen que pasar por la comisión y la preceptiva ponencia.

Eso sí, los grupos que quieran modificar las medidas sólo podrán hacerlo a partir de las alegaciones de la Generalitat o mediante enmiendas "in voce" presentadas sobre la marcha en la ponencia.

Si no consiguen que prosperen los cambios que quieran introducir, ya tendrán que esperar a hacerlo el viernes, mediante votos particulares que se discutirán en el pleno.