El Gobierno cerró este jueves con Podemos un pacto para los presupuestos de 2019 que contemplan un notable aumento del salario mínimo e impuestos sobre las grandes fortunas, entre otras medidas para las cuentas del próximo año, además de una serie de acuerdos políticos.

El acuerdo entre los socialistas, en minoría parlamentaria con 84 diputados sobre 350, y Podemos será presentado en Bruselas la próxima semana, pero requerirá del apoyo en el Congreso de los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes para ser aprobado.

"Es urgente revertir las cicatrices de la austeridad", escriben en el preámbulo del acuerdo firmado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el jefe de gobierno, Pedro Sánchez.

El pacto prevé un aumento del 22,3% del salario mínimo mensual, de 736 euros a 900 euros medidos en 14 pagas (1.050 euros en 12 mensualidades), una medida que costará 340 millones de euros al Estado, según el texto difundido este jueves.

El gobierno y sus aliados también confirmaron su voluntad de indexar las pensiones con la inflación, lo que supondría 704 millones de euros más, una de las mayores partidas de gastos. Pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había desaconsejado a principios de octubre esta medida, señalando que podía poner en peligro la "viabilidad financiera del sistema".

Los dos partidos se fijan también como objetivo luchar contra el incremento de los alquileres que sufren grandes ciudades, como Madrid y Barcelona. Para proteger a los inquilinos, el gobierno quiere otorgar a los ayuntamientos la potestad de limitar las subidas "abusivas" de los precios del alquiler en las zonas declaradas previamente bajo presión.

Gran parte del presupuesto (515 millones de euros) se destinará a la "ayuda a personas dependientes", un aumento del 40% respecto a 2018.

En la parte de ingresos, los partidos de izquierda quieren aumentar en dos puntos los impuestos a las rentas superiores a 130.000 euros y en cuatro puntos a las superiores a 300.000 euros.

También quieren subir un 1% el impuesto sobre patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros, y crear un impuesto sobre las transacciones financieras para las empresas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, que se elevará al 0,2% para las operaciones de compra de acciones españolas.

Sánchez ya anunció que si no consigue aprobar sus presupuestos, se contentará con prorrogar los de 2018 elaborados por Rajoy.

Un gasto de más de 5.000 millones

El Gobierno prevé recaudar 5.678 millones de euros con las medidas de la reforma fiscal y lucha contra el fraude acordadas con Podemos, sin incluir los ingresos por cotizaciones, y un gasto de en torno a 2.082 millones de euros asociado sólo a la Administración General del Estado (AGE), sin incluir por tanto los gastos asociados a las comunidades autónomas, que manejan Educación o Sanidad, ni el gasto relativo a la Seguridad Social en el que se incluye la revalorización de las pensiones.

Así lo ha detallado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha cuantificado las cifras de gastos e ingresos relativos únicamente a los Presupuestos de 2019, si bien ha reconocido que las cifras totales referidas al acuerdo alcanzado con Podemos "se aproximarán" a las dadas por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que eleva el gasto a 5.000 millones de euros y los ingresos a 7.000 millones de euros.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha agradecido a Montero su labor en la parte "más importante" de las negociaciones, si bien ha apuntado que el acuerdo es solo un "anuncio de intenciones" y "el principio del trabajo", ya que "hay que seguir sumando" formaciones para unos PGE que incide en la "agenda social y del cambio" y en la recuperación de derechos "escamoteados" con la "excusa" de la crisis. "Estamos juntos la segunda y tercera fuerza, pero hay que seguir sumando", ha enfatizado.

En busca del apoyo de nacionalistas e independentistas

Sobre este punto, Celaá ha hecho un llamamiento a los partidos independentistas catalanes para que apoyen el acuerdo de Presupuestos, que ha calificado de "muy beneficioso para el conjunto de la sociedad, también la catalana", y que recogen 2.200 millones para esta comunidad.

"Estamos avanzando seriamente en conceptos importantes para Cataluña y ha llegado el momento de dotar esos avances del soporte económico que necesitan", ha emplazado Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz del Ejecutivo ha enmarcado este mensaje en un llamamiento general a PDeCAT y ERC para que "desbloqueen" la situación política de Cataluña y "exploren la salida del laberinto". Mientras, ha asegurado que el Gobierno está haciendo "lo que le corresponde", que es "diálogo con respeto a la ley y firmeza para mantener esa postura".

Eso sí, ante la petición de los independentistas al Gobierno para que influya en la Fiscalía con el objetivo de que rebaje las acusaciones a los dirigentes procesados por su papel en el 'procés', Celaá les ha recordado que la "columna vertebral" de un Estado de Derecho es la separación de poderes.

Las soluciones políticas y judiciales a un conflicto "no deben cruzarse nunca", ni para Cataluña ni para ningún otro lugar, ha advertido Celaá, que ha remarcado que el proyecto de Presupuestos de 2019 que presentará el Gobierno contemplará propuestas y medidas "muy interesantes para la sociedad catalana" que la ministra de Hacienda ha cuantificado en 2.200 millones de euros.