El pleno de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha dado comienzo a las 10.00 para analizar la doctrina sobre el impuesto de las hipotecas, que una sentencia conocida el pasado 18 de octubre estableció que debía recaer en las entidades financieras.

De los 31 magistrados que componen el pleno sólo se encuentran presentes 28, ya uno de ellos está de viaje, otro preside hoy la Junta electoral Central y un tercero se ha abstenido por razones personales, según han informado fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes han explicado que el pleno podría prolongarse todo el día, e incluso su resultado podría conocerse mañana.

El objeto de la reunión, convocada por el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, tan sólo un día después de conocerse que son los bancos los que deben hacerse cargo del impuesto no es corregir dicha doctrina, sino revisar, matizar y analizar sus consecuencias y su alcance.

Es decir, si efectivamente han de ser las entidades las que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, y desde cuándo.

Y es que, dado que el impuesto prescribe a los cuatro años, podrían reclamar todos aquellos que hayan suscrito un préstamo hipotecario en ese plazo.

Sentencia sobre el impuesto de las hipotecas

La agencia de medición de riesgos Moody's cree que lo más probable es que la banca acabe pagando sólo a partir de ahora el impuesto por la firma de hipotecas, pero en caso de que la retroactividad se ampliara hasta cuatro años, la factura ascendería a 2.300 millones de euros.

De momento, y sólo en caída de la cotización bursátil, los bancos han sufrido ya un descalabro de más de 5.000 millones de euros.

Las asociaciones de consumidores, por su parte, han valorado la decisión de que sea el banco el que se haga cargo del impuesto.

Entre ellas, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha defendido hoy en un comunicado que se trata de un contrato entre banco y cliente, es decir, un asunto civil de cláusulas abusivas y por tanto imprescriptible.