La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se resiste a ceder a las presiones políticas, científicas y de un sector de economistas que propugnan el cierre en España de toda actividad productiva que no sea esencial como vía para cortar de raíz los contagios.

Desde el punto de vista de Calviño, la actividad económica ya se ha frenado hasta el máximo compatible con poder garantizar la prestación de los servicios esenciales de alimentación, agua, gas, luz y sobre todo, servicios sanitarios. "Se ha adoptado el catálogo de medidas más fuerte de nuestro entorno", dijo el lunes Calviño en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que el debate sobre un posible cierre mayor de la actividad empresarial se convirtió en el tema central.

El reto ahora, según la vicepresidenta, es "reorientar" la actividad productiva e industrial que resta en el país hacia los bienes y servicios prioritarios. Y lo único importante -añadió- es garantizar la seguridad de las personas que siguen trabajando si poder practicar el confinamiento. Además Calviño apuntó que el Gobierno trabaja en medidas adicionales para proteger las rentas de los colectivos más vulnerables, y citó a las empleadas del hogar, los parados a quienes se les ha agotado la prestación y los trabajadores que cuidan a personas dependientes.

Y para explicar su punto de vista, Calviño citó un ejemplo: "Para que un hospital funcione hace falta que lo haga la industria química que suministra productos, el transporte que garantiza la logística y el movimiento de enfermos y trabajadores y la industria textil que suministra equipamiento y la alimentación", explicó Calviño.

Voces críticas

La pregunta de quienes propugnan un mayor cierre de la economía es si actividades como la construcción son más esenciales para el funcionamiento de la economía que un restaurante o un bar, cuyos negocios fueron los primeros en ser clausurados.

Desde Unidas Podemos de las actividades productivas salvo las que sean esenciales, informa Miguel Ángel Rodríguez. También desde Más País. ERC ha avanzado que se abstendrá en la votación del decreto de prórroga de estado de alarma si el Gobierno no optan por el confinamiento total, exceptuando servicios esenciales. Y el líder del PP, Pablo Casado, apoyó el cierre total de la actividad en determinadas comunidades autónomas, como Murcia.

La seguridad, ante todo

Tras reunirse con la vicepresidenta Calviño y con los titulares de Industria, Agricultura, Trabajo, Transición Energética e Inclusión, los sindicatos UGT y CCOO abogaron por continuar la actividad solo en los casos en los que se puedan garantizar los protocolos de seguridad. "Es evidente que hay numerosas actividades que no deben paralizarse y otras que tienen que reconvertirse temporalmente", dijeron UGT y CCOO, pero toda actividad que no cumpla los protocolos de seguridad "deben cancelarse".

Las patronales CEOE y Cepyme también participaron en el encuentro telemático con el Gobierno. Desde el punto de vista de Foment del Treball (integrada en CEOE), el confinamiento total "no es una medida proporcionada" pues "podría comprometer seriamente el normal funcionamiento de los servicios esenciales. Incluso de los sanitarios". Según la patronal, "el confinamiento total puede sustituirse por la adopción de todas las medidas de protección necesarias".

El problema es la ausencia de material suficiente para garantizarlo y es ahí donde el Gobierno espera la participación del sector privado. El ministro Illa agradeció la "colaboración" de empresas para producir en España equipos de protección.

La respuesta llegará el fin de semana

Desde un punto de vista puramente económico, es evidente que un mayor cierre de la actividad provocaría una recesión mayor mientras dure. Pero el economista Josep Lladós, de la Universitat Oberta de Cataluna (UOC), considera que la medida ayudaría a frenar la pandemia y que ese mayor hundimiento de la producción en uno o dos trimestres continuaría con un rebote aún mayor, "con lo cuál, la caída media anual podría ser la misma" pero la enfermedad se habría controlado antes.

Según Lladós, un cierre drástico de la actividad podría provocar una caída anual del PIB entre el 4% y el 8% en un trimestre (la peor caída trimestral en la anterior crisis fue del 4,4%, en el segundo trimestre del 2009), pero luego vendría el rebote.

Apelando a la célebre imagen de las dos curvas con la que los expertos sanitarios explican la conveniencia de evitar un pico rápido de los contagios y favorecer una curva más aplanada para no saturar los servicios sanitarios, este economista llama a darle la vuelta a la curva, como si se reflejara en un espejo. "En el caso de la economía es al revés, es preferible un hundimiento rápido para concentrar todo el efecto en muy poco tiempo y salir antes de la recesión", asegura.

El punto crucial del debate será el próximo fin de semana. "Para entonces se cumplirán dos semanas de las actuales medidas de confinamiento. Si la curva de los contagios cede, podremos pensar que han sido eficaces. Si no, el Gobierno no tendrá más remedio ir a un cierre mayor", apunta el economista.

'Economía de guerra' y 'economía de intervención'

Desde su punto de vista, lo conveniente no sería ir a un listado de sectores esenciales, como ha hecho Italia. "En lugar de delimitar la oferta, habría que delimitar la demanda. Es decir, delimitar cuáles son las necesidades esenciales que deben quedar cubiertas y a patir de ahí intervenir en el sector privado para darlas cobertura". Para describir esto, Lladós prefiere hablar de "economía de intervención" en lugar de "economía de guerra".