El Banco de España revisará que las entidades financieras cumplan la normativa y las buenas prácticas bancarias en la comercialización de los avales del ICO aprobados por el Gobierno para paliar los efectos económicos del Covid-19 en empresas y autónomos, según ha asegurado este lunes en un comunicado.

En el marco de sus competencias y en estrecha colaboración con el ICO, el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos requiere a las entidades financieras que la aprobación y difusión en su red de los correspondientes protocolos de comercialización se ajuste a dichas condiciones y que establezcan los sistemas de control interno necesarios para garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisitos aplicables.

El Banco de España verificará, de esta forma, dichos protocolos y procedimientos y efectuará, en su caso, la revisión de operaciones concretas para comprobar su adecuación a la normativa de aplicación.

El supervisor bancario español ha recordado que, sin perjuicio de la atención telefónica y el canal de consultas del ICO, las discrepancias sobre la comercialización de los avales pueden plantearse ante el servicio de atención al cliente o defensor del cliente de la entidad comercializadora. El servicio de atención telefónica del Banco de España (900 54 54 54) también atenderá las consultas que reciba.

Precisamente este lunes, el presidente del Instituto Oficial de Crédito (ICO), José Carlos García de Quevedo Ruiz, ha advertido de que las entidades financieras no pueden exigir a las empresas o a los autónomos la contratación de productos o servicios adicionales a cambio de conceder estas líneas de liquidez.

También ha remarcado que estas líneas, cuyo primer tramo desbloqueado asciende a 20.000 millones de euros pero que se enmarca en un programa de 100.000 millones de euros, no pueden destinarse a refinanciar créditos activos ni para amortizar otros preexistentes.

Asimismo, las entidades asociadas a la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y Unacc se han comprometido a asegurar una aplicación rigurosa de las condiciones aplicables a las líneas de liquidez con avales públicos incluidas en el real decreto ley aprobado el pasado 24 de marzo por el Gobierno sobre medidas urgentes en el ámbito económico para mitigar el impacto del coronavirus Covid-19.