El Tribunal Supremo ha confirmado este lunes las condenas a tres años y medio de cárcel impuestas a dos directores de sucursales bancarias de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por haber concedido fraudulentamente 116 préstamos por un valor de cerca de 4 millones de euros.

Los dos directores, J.R.S y G.R.R, que dirigían las sucursales de Caja Rural del Mediterráneo-Ruralcaja de L'Hospitalet, concedían los préstamos a personas interpuestas, que solo figuraban en la documentación, encubriendo al destinatario verdadero del dinero.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha hecho pública este lunes su decisión en la que desestima los recursos de los dos directores contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y confirma su condena por un delito continuado de administración desleal en concurso medial, con un delito continuado de falsedad.

La sentencia recurrida también condenó a una pena de tres años y medio de prisión a J.E.M., el beneficiario real de los préstamos, y de un año y nueve meses de prisión a J.V.S. como cooperador y cómplice de un delito continuado de administración desleal en concurso medial con un delito continuado de falsedad. Estos dos acusados no recurrieron sus condenas.

El TS considera probado que los dos directores idearon y ejecutaron, junto a J.E.M. y otras personas ya fallecidas, un sistema fraudulento que consistía en la concesión de préstamos personales e hipotecarios a personas que únicamente constaban formalmente en la documentación de las operaciones, pero que no obtenían el dinero derivado de las mismas.

Los bancarios otorgaban los préstamos sabiendo que no había garantías económicas para su devolución, pues J.E.M. pagaba los primeros plazos y dejaba en descubierto los restantes.

Por su parte, el condenado J.V.S. se encargaba de buscar a las personas que subscribieran los préstamos a cambio de una comisión, y con la promesa de que no tenían que preocuparse por nada porque los asumiría J.E.M.

Los solicitantes formales firmaban en blanco órdenes de reintegro a cambio de una comisión, de una promesa futura de trabajo o rentabilidad o por hacer un favor a J.E.M., pero desconocían las falsedades cometidas y el propósito global de la operativa.

Parte del dinero obtenido con las operaciones fraudulentas se trasladaba a cuentas corrientes de sociedades que eran administradas por personas vinculadas a J.E.M., que era quien, de hecho, controlaba tales sociedades.

Según los hechos probados, de los 116 préstamos, en 17 casos los solicitantes estaban realmente interesados, pero se les comunicó que no se les habían concedido, cuando, en realidad, sí que se habían autorizado y los condenados se quedaron con el dinero usando fraudulentamente su documentación.

Aunque la cuantía exacta del perjuicio económico generado a Ruralcaja no se ha determinado, la aseguradora del banco ha abonado 3.305.000 euros en tal concepto.

"Los directores de sucursal bancaria actuaron deslealmente, utilizando facultades expresamente conferidas para la concesión de préstamos de forma desleal, en beneficio de un tercero, en cuanto le concedieron una importante financiación utilizando testaferros generalmente insolventes e instrumentando la apariencia de solvencia mediante el uso de documentos en buena parte falsificados en su integridad", señala la sentencia.