Los Consejos de Administración de CaixaBank y Bankia se reunirán previsiblemente el próximo lunes para fijar la fecha en la que celebrarán sus respectivas Juntas extraordinarias de Accionistas, con el objetivo de aprobar la fusión por absorción de la segunda por la primera.

Según fuentes del mercado consultadas por Efe, la negociación continúa "al más alto nivel" entre los gestores de ambas entidades, cada uno con sus respectivos equipos de asesores, al tiempo que se revisan en profundidad las cuentas para tener perfilados cuanto antes los términos del acuerdo.

Por lo tanto, habrá que esperar solo unos días para conocer la oferta de CaixaBank, la entidad compradora, y detalles sobre cómo se hará el canje de acciones y la prima que propone para compensar a los accionistas de Bankia por la operación, que incluirá una ampliación de capital que "diluirá" las participaciones.

El accionista mayoritario de Bankia, el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), verá reducido su porcentaje desde el 62 % actual a una cifra que dependerá de las condiciones y de la prima ofrecida, aunque fuentes financieras aseguran a Efe que podría rondar el 14 %.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado hoy de acuerdo con esta operación, que aún no está cerrada, pues tiene varios aspectos "muy positivos", como la cohesión territorial que traerá consigo contar con una entidad bancaria con una presencia muy importante en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares.

En una entrevista en TVE, Sánchez ha añadido que la posible fusión entre ambas entidades financieras tiene "buenos mimbres" y será "positiva para la economía española".

Las fuentes consultadas por Efe este lunes han aclarado que el FROB no participa, como se ha publicado, en las citadas negociaciones pese a ser el primer accionista de Bankia y que únicamente se pronunciará sobre la operación con su voto en la Junta extraordinaria de Accionistas de la entidad.

Antes de que esto ocurra, y una vez remitidos los términos del acuerdo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la normativa prevé la intervención de un experto mercantil, que tendría que redactar un informe sobre la operación, en el plazo máximo de un mes.

Los recelos de Moody's

También tendrán que pronunciarse los organismos supervisores y de competencia correspondientes, el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), o el Banco Central Europeo y, por supuesto, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El anuncio de que ambas entidades negocian fusionarse ha sacudido el mercado y ha dado lugar a una catarata de reacciones, una de las últimas, de la agencia de calificación de riesgos Moody's, que cree que permitiría una reducción sustancial de la estructura de costes que compensaría la previsión de caída de rentabilidades por el COVID-19.

La agencia no descarta que los organismos regulatorios obliguen a ambos bancos a desprenderse de activos para dar luz verde a la operación.

Además, ha advertido de que dada la evaluación crediticia de ambas instituciones y si no se realizara un aumento de capital, "el acuerdo no crearía de inmediato una institución más fuerte. Las ganancias de eficiencia pueden tardar en materializarse y requieren importantes costes de reestructuración, afectando la rentabilidad desde el principio".

Mientras, el resto de los bancos españoles se mantiene a la espera de acontecimientos, aunque la mayoría reconocen que ésta es solo la primera de una nueva oleada de uniones, que se veía venir, pero que se ha acelerado por la crisis del coronavirus.