El Gobierno ha aprobado extender el plazo de concesión de ayudas del Plan Estatal de Vivienda un año más, hasta el 31 de diciembre de 2022, y regular el procedimiento de verificación de los préstamos ICO para el pago del alquiler que se conceden desde abril a familias vulnerables por la Covid-19.

El Consejo de Ministros no ha aprobado este miércoles el decreto-ley antidesahucios, como anunció el vicepresidente Pablo Iglesias, aunque el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado en un acto del PSOE que lo hará "antes de que acabe el año".

El decreto aprobado introduce modificaciones en el Plan Estatal de Vivienda, entre ellas la "regulación de un proceso de verificación y comprobación razonablemente eficiente y que garantice la correcta aplicación de las ayudas transitorias de financiación aprobadas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, es decir, de los préstamos avalados y subvencionados por el Estado para arrendatarios vulnerables como consecuencia de la pandemia".

También suprime la exigencia de la suscripción de un acuerdo entre el ministerio, la comunidad autónoma y el ayuntamiento correspondiente, con carácter previo a la adquisición de viviendas por las administraciones públicas o sus entidades.

Asimismo extiende la ayuda a los jóvenes para la adquisición de vivienda a municipios y núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, con el fin de aclarar la intención inicial del regulador e incrementar la contribución a los objetivos del Reto Demográfico, señala el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en un comunicado.

El plazo de concesión de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 y se amplía el periodo para la adquisición del compromiso financiero por parte de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en la ejecución de cualquier ayuda del plan estatal con cargo a los fondos comprometidos por el ministerio en los ejercicios 2020 y 2021, hasta el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, respectivamente.

Asimismo se prolonga dos años, hasta el 31 de diciembre de 2022, el plazo de ejecución de 193 actuaciones de fomento de la regeneración y renovación urbanas, articuladas al amparo del Plan Estatal 2013-2016, a petición de las comunidades, lo que mantiene la actividad y la creación de puestos de trabajo, subraya el Mitma.

Desde el departamento de Ábalos señalan que todas estas medidas para mejorar, agilizar y dar una mayor cobertura al plan estatal, en el que se fomenta el alquiler y la rehabilitación con carácter prioritario y que, junto con los paquetes económicos excepcionales de ayudas aprobados durante la pandemia, pretende minimizar el impacto económico y social de la pandemia en los alquileres de vivienda habitual.

En la rueda de prensa posterior al consejo, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha confirmado que el Gobierno "está trabajando, sobre todo el Mitma, en el decreto para prorrogar las situaciones de prohibición de lanzamientos en familias vulnerables que no pagan alquiler".

Ha afirmado igualmente que la Vicepresidencia Cuarta y Ministerio de Transición Ecológica trabaja "para que ninguna persona se quede atrás con motivo de una situación de impago de los suministros que son básicos", como el gas y la electricidad.