"El verano que viene empezará a ser normal el uso del 5G", según augura el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, en una entrevista con 'El Periódico'. "Como sucede con todas las nuevas tecnologías se empezará por los productos más Premium y de alta gama, hasta extenderse al resto", añade sobre la llegada de una nueva generación de telefonía móvil que "será muy disruptiva en el ámbito industrial y empresarial, igual que el 4G lo fue en las comunicaciones entre personas".

Para conocer "de qué manera puede el 5G contribuir a transformar los modelos de producción", el Gobierno ha puesto en marcha distintos pilotos con cien tipos de aplicaciones diferentes y que van desde la sanidad -manejar un quirófano por un cirujano a 500 kilómetros-, al medioambiente -vigilancia de incendios y temas forestales-, la agricultura -para mejorar el control de explotación- o los vehículos autónomos. Estas pruebas serán "el gran aprendizaje para los despliegues comerciales y los usos habituales" que llegarán a partir del verano que viene, según Sánchez. "Si no hubiese existido la pandemia, estas Navidades hubiésemos tenido campañas masivas de 5G", añade.

El Gobierno prevé destinar 2.350 millones de euros hasta 2025 para impulsar el despliegue de esta tecnología y 2.000 millones para mejorar la conectividad y llegar al 100% de la población con banda ancha. En total, cerca de 4.350 millones, de los que 3.500 millones vendrán en los próximos tres años de los fondos europeos.

Subastas

El 5G en España a nivel comercial comenzó con Vodafone hace un año y se ha extendido en los últimos meses con anuncios de Telefónica, Orange y MásMóvil. Pero el gran despliegue se producirá a partir de la subasta de la banda de 700 megahercios (MHz) prevista para el primer trimestre de 2021, sin propósito recaudatorio, según aclara Sánchez. "Las subastas en España nunca han tenido afán recaudatorio, ahora tampoco". advierte. El secretario de Estado se muestra consciente de la polémica suscitada entre empresas y sindicatos por los 2.075 millones de euros de ingresos pintados en los presupuestos de 2021, pero asegura que esa cifra "no corresponde solo a la subasta, sino que incorpora alguna otra cosa, y sobre todo, es una estimación de los ingresos que se podrían llegar a alcanzar". "El precio final depende de los operadores, eso ellos lo saben muy bien", agrega.

Telecomunicaciones

"Queremos poner mecanismos que lleven a los operadores a tener interés en desplegar la red lo más rápido posible porque la existencia de la red acelerará esas aplicaciones de las que hablábamos", expone Sánchez. Una forma de fomentar ese despliegue será reduciendo de forma temporal (2021, 2022 y 2023) la tasa de reserva de espectro [400 millones de euros en total en 2018, según DigitalES] en base a los objetivos de cobertura en poblaciones de más o menos habitantes. Una reducción que "será financiada con los fondos europeos, en vez de a través de la hacienda pública". Las grandes operadoras de telecomunicaciones se quejan de las múltiples tasas a las que tienen que hacer frente, entre ellas la de RTVE, pero de momento el Gobierno no se plantea eliminarla. "Está en estudio y continuará en estudio. No es algo que hayamos desechado del todo pero no hay una previsión concreta porque implica modificar la Ley de Financiación de RTVE y, en este momento, no estamos en ese punto", explica Sánchez.

Ciberseguridad

La ciberseguridad será especialmente importante en el despliegue del 5G al haber "muchos sistemas en los que no habrá intervención humana». "Serán máquinas operando entre sí y no nos podemos permitir que sean hackeadas", avisa Sánchez. "En un vehículo circulando por la carretera en conducción autónoma, una vulnerabilidad supone un accidente. Un cirujano que opere una retina con el sistema Da Vinci, si tiene una interferencia, el resultado puede ser catastrófico para el paciente", añade. Por ello, el Ejecutivo prevé presentar a audiencia pública en unas semanas el anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G, en el que se fijan una serie de reglas generales. "No etiquetamos a nadie sino que fijamos una serie de reglas generales y si algún operador o fabricante no las cumple, no podrá desplegar red en España", asegura al ser preguntado por un posible veto al fabricante chino Huawei.

Brecha digital

En España hay tres tipos de brechas digitales, en opinión de Sánchez. La territorial (hay zonas en el territorio en las que no hay banda ancha), la de la asequibilidad (puedo tener banda ancha pero no tengo dinero para pagarla) y la de la alfabetización (puedo tener recursos pero me faltan las habilidades básicas necesarias). "El plan de conectividad trata de atender a las tres", asegura. La territorial al establecer la meta de alcanzar el 100% de la población con banda ancha ultrarápida en 2025, porque a pesar de que somos el país "más avanzado" en despliegue de fibra óptica, el elevado coste y los tiempos de despliegue provocan que no se llegue al 100% de la población. "Si cuando empezamos, el despliegue costaba 60 euros por hogar, en el último plan costaba 440 euros por hogar. Cada vez es más caro porque es población más dispersa y diseminada", explica Sánchez. Pero "también algo de las otras dos (brechas) a través de bonos de conectividad [una especie de bonos para pagar la factura]" con un foco especial "en el ámbito de la teleeducación, es decir, que no pueda haber niños que no puedan recibir la actividad educativa por falta de recursos, y en el ámbito de las pymes para ayudar a la micropyme a que el pago de la conexión no suponga una barrera para entrar a formar parte de la transformación digital".