Bruselas propone una nueva autoridad europea contra el blanqueo de capitales

La Comisión Europea quiere que la agencia esté operativa a partir de 2024 - Se refuerza también el control sobre las criptomonedas

La ComisarIa de servicios financieros, Mairead McGuinness.

La ComisarIa de servicios financieros, Mairead McGuinness. / EFE

Silvia Martínez

"Cada nuevo escándalo de blanqueo de capitales es un escándalo de más y una llamada de atención de que nuestro trabajo para cerrar las brechas en nuestro sistema financiero aún no ha terminado", reconoce el vicepresidente ejecutivo, Valdis Dombrovskis. Para atajar el problema del blanqueo, la Comisión Europea ha presentado este martes un nuevo paquete legislativo que incluye la creación de una nueva autoridad europea con competencias para supervisar directamente la situación en los Veintisiete y coordinar a las autoridades nacionales, más control del sector de los criptoactivos para garantizar la trazabilidad de todas las operaciones con monedas virtuales y la fijación de un límite europeo -de 10.000 euros- para los pagos en metálico.

La Comisión Europea considera que ha habido pasos importantes en los últimos años y que las normas europeas se encuentran entre las más estrictas del mundo pero reconoce que es necesario un mayor control y previsión para garantizar la efectividad y taponar un agujero por el que se escapan miles de millones cada año. "No se puede subestimar la magnitud del problema. Es necesario cerrar las lagunas que los delincuentes pueden aprovechar y el paquete de hoy intensifica significativamente nuestros esfuerzos para detener el blanqueo de dinero sucio en el sistema financiero", apunta la comisaría de servicios financieros, Mairead McGuinness. Según datos de Europol, alrededor del 1% del PIB europeo está relacionado con actividad financiera sospechosa.

Plenamente operativa desde 2026

La principal novedad del paquete se centra en la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA en sus siglas en inglés), con competencias para coordinar a las distintas autoridades nacionales, y cuyo objetivo será garantizar que el sector privado aplique de forma correcta y coherente las normas europeas, con métodos comunes de supervisión y convergencia de estándares. El organismo también apoyará a las unidades de inteligencia financiera en cuanto a los flujos ilícitos de dinero y realizará análisis conjuntos con ellas para detectar mejor los movimientos de carácter transfronterizo. 

Según Bruselas, la AMLA deberá estar operativa en 2024 y contar con una plantilla para 2026, año en que estará plenamente en funcionamiento, de 250 personas,100 de ellas dedicadas a supervisar directamente a las entidades cubiertas por la normativa. En el sector financiero, proponen supervisar directamente a aquellas entidades que operan en una proporción significativa de Estados miembros y que tienen un perfil de riesgo más alto en varios de esos Estados miembros, es decir. La metodología, no obstante, la fijarán los Veintisiete y la lista resultante se revisará cada tres años. La AMLA también podrá solicitar a la Comisión Europea que coloque a una entidad concreta bajo supervisión directa, independientemente de los criterios, si tiene indicaciones de que están incumpliendo sistemáticamente los requisitos y puede haber un riesgo significativo en caso de que el supervisor nacional no pueda tomar medidas rápidas y efectivas.

Más control sobre criptoactivos

La paquete legislativo también incluye una armonización de las reglas. Por ejemplo, apunta la Comisión, se conectarán los registros nacionales de cuentas bancarias existentes, lo que proporcionará a las unidades de inteligencia financiera un acceso más rápido a la información sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad, y se proporcionará a las autoridades policiales responsables acceso al sistema, lo que acelerará investigaciones financieras y la recuperación de activos delictivos en casos transfronterizos. El plan también incluye la ampliación del ámbito de aplicación para incluir al sector de los criptoactivos. La reforma, que extenderá el ámbito a todos los proveedores de servicios, garantizará la trazabilidad total de las transferencias de criptoactivos, como el Bitcoin. El objetivo es prevenir y detectar su posible uso como medio para el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo. La propuesta también prohíbe las carteras anónimas de activos criptográficos.

Por último, en cuanto a las transacciones en metálico, Bruselas propone fijar un límite europeo de 10.000 euros para los grandes pagos en efectivo al considerarlos una forma fácil para blanquear dinero. Unos dos tercios de los Estados miembros ya disponen de límites aunque as cantidades oscilan entre los 500 euros de Grecia y los más de 10.000 euros de la República Checa. De ahí la propuesta de Bruselas de introducir un techo aunque los Estados miembros podrán mantener límites más reducidos a nivel nacional. La propuesta incluye algunas excepciones. Los particulares que hagan una transacción privada, por ejemplo la compra de un coche, si quieren realizar el pago en metálico y la operación es superior a los 10.000 euros podrán realizarla en metálico. El nuevo paquete legislativo también incluye medidas sobre terceros países que suponen una amenaza para el sistema financiero.