Por CCOO y UGT

Denuncian a UberEats por ere encubierto al prescindir de 3.000 'riders' autónomos

CCOO y UGT presentan denuncia ante la Audiencia Nacional contra la empresa de reparto, que a raíz de la 'ley Rider' dejó de utilizar repartidores autónomos el pasado agosto

Un repartidor de UberEats espera un pedido en su motocicleta.

Un repartidor de UberEats espera un pedido en su motocicleta. / JOSÉ LUIS ROCA

Gabriel Ubieto

CCOO UGT han presentado este jueves una denuncia ante la Audiencia Nacional contra UberEats por lo que entienden como un 'ere encubierto', con 3.000 'riders' afectados. La empresa digital de reparto decidió el pasado 9 de agosto desconectar de la aplicación a todos aquellos repartidores que hasta ahora operaban como autónomos en su aplicación y que no habían entrado en nómina en alguna de las diversas subcontratas que eligió la empresa para continuar prestando su servicio. La dirección de la compañía de las mochilas verdes tomó esta decisión para dar cumplimiento a la nueva 'ley Rider', que refuerza la presunción de laboralidad de los repartidores en plataforma y obliga a las empresas a contratarlos como asalariados.

Los sindicatos han decidido impugnar la decisión unilateral de UberEats, que dejó sin indemnización ni ningún tipo de compensación a esos 3.000 'riders', según sus cálculos, en la calle. Pues al ser trabajadores autónomos, la empresa puede desconectarlos de manera unilateral y no tiene obligación de concederles ningún pago o recolocación. Derechos que si hubieran tenido en caso de ser trabajadores asalariados.

El 'modus operandi' de UberEats difiere, con sus particularidades, de la reacción de otra de las grandes compañías del sector: Deliveroo. La firma de las mochilas azul celeste decidió abandonar España y cesar allí sus operaciones debido al incremento de costes que le implicaba cumplir con la nueva legislación, que ponía coto al modelo de falsos autónomos bajo el que operaban las principales plataformas de reparto a domicilio. Deliveroo ha decidido ingresar a nómina a los riders con los que operaba, para luego negociar un despido colectivo y saldar así sus deudas pendientes en suelo español, con la voluntad de evitarse litigios futuros.

La otra gran firma que queda en el sector, Glovo, no ha desconectado masivamente a sus repartidores autónomos porque no ha dejado de emplearlos. La firma de las mochilas amarillas anunció pocos días antes de la entrada en vigor de la 'ley Rider' que contrataría directamente como asalariados a 2.000 repartidores, pero que continuaría complementando sus flota con 'riders' autónomos. Un movimiento que también está judicializado y denunciado por CCOO y UGT ante Inspección de Trabajo. La 'policia laboral' deberá determinar si, con las nuevas condiciones, este modelo cumple o no con la legislación vigente.

La entrada en vigor de la 'ley Rider', con la que el Ministerio de Trabajo aspira a mejorar las condiciones laborales de los repartidores, no ha conseguido acabar con la conflictividad en el sector. Las plataformas no se sintieron participes de las negociaciones, ni representadas por el resultado de las mimas; por más que por aquel entonces estaban representadas y afiliadas a la gran patronal CEOE, que avaló el acuerdo. Lo que se ha traducido en movimientos para fintar parte de las responsabilidades que la laboralización de sus flotas les hubiera implicado. Glovo lo ha hecho mediante el mantenimiento de un número importante de autónomos y UberEats desresponsabilizándose de todos aquellos repartidores que no entraron a trabajar en las subcontratas que ahora le prestan el servicio de reparto.