Energía
Bruselas exige a España reformar la tarifa regulada para aprobar el tope al gas
El Gobierno se ha comprometido a modificar la metodología de cálculo del PVPC antes del 1 de octubre para su entrada en vigor en 2023
Sara Ledo
Bruselas condiciona su autorización al mecanismo para limitar el precio del gas en el mercado eléctrico a que España realice una reforma de la tarifa regulada, según el borrador del Real decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Esta es, precisamente, una de las principales reclamaciones de las compañías eléctricas desde hace meses que piden realizar cambios en su diseño para evitar la volatilidad que provoca el hecho de que esté directamente vinculada al mercado mayorista.
"Una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea es la reforma del actual precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). Así, el mecanismo de ajuste se configura como una medida extraordinaria mientras se realiza esta reforma y esta entra en vigor de forma efectiva, lo que no es inmediato", dice el borrador del texto publicado por El Periódico de la Energía.
El Gobierno realizó en octubre del año pasado, en medio de la escalada de precios, una consulta pública para una posible modificación de esta tarifa pero que se quedó congelada hasta que ahora Bruselas la ha puesto como condicionante para aprobar el tope. La modificación que debe realizarse antes del 1 de octubre supone que el nuevo cálculo para la tarifa regulada resulte de la combinación de una referencia de los mercados a plazo basada en una cesta de productos de mercados a plazo -anuales, trimestrales y mensuales- y el precio mayorista del mercado diario --que es lo que marca el precio actualmente. El objetivo es que la nueva fórmula de fijación del coste de la energía del PVPC pueda empezar a aplicarse a principios de 2023.
Según explican fuentes ministeriales, el mercado a plazo en España tiene poca liquidez, tanto por parte de la oferta como de la demanda. Así, la referencia de los mercado a plazo en la tarifa regulada orientará la estrategia de compra de energía de las comercializadoras de referencia, induciendo una mayor propensión a la participación en los mercados a plazo para adquirir la energía de sus clientes fomentando la liquidez de los mercados a plazo ibéricos por el lado de los compradores. Mientras que en el caso de los vendedores, una de las razones para esa baja liquidez es la no participación de las instalaciones de tecnologías renovables, cogeneración y residuos acogidas al régimen retributivo específico (RECORE), que aportan aproximadamente el 38% de la demanda eléctrica. Por ello, el Gobierno establece en la norma un modelo retributivo regulatorio que incentiva que la energía del RECORE se vaya incorporando a estos mercados a plazo.
El PVPC es la llamada por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, la tarifa de los "tontos". Este viernes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido que estas palabras le produjeron "un profundo bochorno" y ha recordado que esta tarifa ha sido siempre más barata que aquellas del mercado libre, además de ser a la que "necesariamente" deben acogerse los consumidores vulnerables para disfrutar del bono social. "No creo que sea muy inteligente por parte de un empresario llamar tontos a sus clientes, y más en unas circunstancias como estas", ha advertido Ribera, quien ha dado la "bienvenida" a ofertas "más ajustadas a las necesidades de los consumidores industriales". "Si de verdad quiere hacerlo, no tiene ningún problema en hacerlo. Se lo va a agradecer mucho la sociedad española", ha agregado.
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