El Banco de España insiste en evitar que las pensiones suban en 2023 con el IPC

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha expresado su preocupación por la "generalización" que está cobrando la inflación, en forma de una subida de precios que, partiendo de la energía y de los alimentos, cada vez se está extendiendo a un mayor número de productos y servicios de la cesta de la compra de los consumidores. "La propia duración del fenómeno puede hacer que se produzcan de manera más intensa efectos indirectos y de segunda ronda", ha advertido este miércoles el gobernador durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para presentar el Informe Anual del Banco de España.

Para evitar la temida "espiral de inflación", y a pesar del fracaso negociador entre sindicatos y patronal, Hernández de Cos ha vuelto a defender la necesidad de un pacto de rentas -en el que trabajadores y empresarios se comprometan a la moderación de salarios y beneficios- y ha pedido que éste se extienda también a las pensiones y a los empleados públicos. En particular, lo que plantea el Informe Anual es "que se garantice el poder adquisitivo para los perceptores de pensiones mínimas" y que estas sí suban en 2023 según la inflación media que se registre en noviembre de 2022 (se prevé una tasa en torno al 6%); sin embargo, para el resto de las pensiones, el Banco de España plantean una subida más moderada, que no llega a precisar. "Todos los ciudadanos sin distinción deben contribuir al pacto de rentas, por eso meto aquí las pensiones", ha dicho Hernández de Cos a los diputados de la Comisión de Economía.

"Hoy somos más pobres que antes del incremento de los costes energéticos. Hay una pérdida, y es ineludible. Lo único que podemos hacer es repartirla", ha esgrimido Hernández de Cos, quien ha señalado que si los agentes económicos tratan de eludir esta pérdida "van a provocar una espiral inflacionista que va a generar efectos aún más negativos".

Evitar las cláusulas de salvaguarda

En particular, en lo relativo a los salarios, el gobernador ha expresado su preocupación por la creciente incorporación en los convenios colectivos de las cláusulas de garantía de poder adquisitivo que pretenden garantizar que la subida de las sueldos se ajustará a la evolución de la inflación. En 2007, el 75% de los convenios incorporaba este tipo de cláusulas; a finales de 2021 este porcentaje bajó al 17% y en marzo de 2022 se ha elevado hasta el 30%. Según De Cos, este tipo de cláusulas alimenta el riesgo de efectos "de segunda ronda" y de espiral de inflación; por eso ha insistido en evitar su incorporación en los convenios colectivos y en tomar como referencia para la negociación de subidas salariales "la inflación subyacente esperada"; es decir la previsión del dato de una inflación que excluya los precios más volátiles de energía y alimentos no elaborados. "Estas directrices sobre la evolución salarial deberían acompañarse con compromisos explícitos de moderación de los márgenes empresariales", añade el organismo.

Tras las previsiones de crecimiento e inflación de la economía española publicadas en abril, el Banco de España volverá a actualizar sus proyecciones el 10 de junio. De Cos ha adelantado que la estimación de crecimiento del 4,5% para este año "se va a rebajar en unas décimas" y que también moderará su actual previsión de inflación del 7% para este año, si bien podría corregir al alza la de la inflación subyacente.