El Gobierno quiere mantener el tope al gas mientras dure la crisis energética o hasta que la Unión Europea apruebe la reforma que prepara el mercado eléctrico. La vigencia de la denominada excepción ibérica -el límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad que se aplica en España y Portugal- expira el próximo 31 de mayo, pero el Ejecutivo español quiere extenderla al menos hasta final de 2024.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que quiere blindar el impacto que está teniendo la excepción ibérica para bajar el precio de la electricidad más allá del plazo pactado con Bruselas, mientras los Veintisiete negocian una nueva regulación del mercado eléctrico para reducir la vinculación del precio de la luz y los vaivenes de la subida del gas natural.

“Tenemos la intención de pedir que se mantenga la excepción ibérica mientras dure la crisis energética o hasta que se reforme el mercado eléctrico y se actualice la regulación europea. Queremos mantenerla más allá de mayo”, ha subrayado Ribera en una entrevista con Antena 3, precisando que los planes del Gobierno español pasan por solicitar la extensión del tope al gas “al menos hasta final de 2024”.

El mecanismo pactado por los gobiernos español y portugués con Bruselas, en vigor desde el pasado 15 de junio, contempla aplicar durante los primeros seis meses un límite al precio del gas que se usa para producir electricidad de 40 euros por megavatio hora (MWh) e ir aplicando subidas de 5 euros cada mes hasta terminar en los 70 euros por MWh. Desde el pasado 1 de enero el precio límite que se aplica es de 45 euros.

El objetivo del Gobierno, según ha reconocido Ribera, es conseguir que Bruselas no sólo amplíe el plazo de vigencia de la excepción ibérica, sino que también que permita mantener el tope al gas a un nivel similar al actual. “El objetivo es que quede lo más parecido a como está hoy, que quede lo más bajo posible, en el entorno de los 45 o 50 por MWh”, ha apuntado la vicepresidenta.  

Ahorro de 4.000 millones

Los mercados mayoristas eléctricos en Europa funcionan con sistemas marginalistas, que hacen que la última oferta de producción en casar con la demanda es la que fija el precio para todas las demás. La última oferta es en muchos casos la que realizan las centrales de gas, que durante la crisis energética han soportando los precios disparados del gas, y que empujan al alza el precio de toda la electricidad, también la de las renovables o las nucleares que no soportan esos costes extra por la subida del gas.

España y Portugal aplican un precio máximo sólo a las ofertas que pueden presentar en el mercado eléctrico las centrales de ciclo combinado (las que queman gas para producir electricidad). Con ello, el conjunto del mercado eléctrico contiene su precio al conseguir desacoplarse del precio del gas. Según los cálculos del Gobierno, los consumidores españoles se han beneficiado de un ahorro neto de más de 4.000 millones de euros gracias al menor precio marcado por el mercado gracias al tope al gas.