El Gobierno defiende ante la UE el coste del despido heredado del PP

El Gobierno ha defendido ante la Unión Europea el actual sistema de indemnizaciones por despido vigente en España, heredado por el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy y su reforma laboral. Así lo ha hecho público este viernes el sindicato UGT, que presentó en mayo del año pasado una denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, demandando incrementar el importe actual de las compensaciones por cese improcedente. Una denuncia que si prospera "será ley", según ha defendido este viernes en rueda de prensa el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. 

"A juicio del Gobierno de España, el sistema español en materia de fijación de indemnización por despido se alinea con el estándar de protección", afirma el Ejecutivo en su escrito. Ante esta respuesta, el sindicato da por perdido que en los meses que quedan de legislatura haya cambios legislativos en esta materia. El importe medio de la indemnización por despido en España es, según los últimos datos recopilados por el Ministerio de Trabajo referentes al 2021, de 11.416,7 euros.

La central ha recibido esta semana el posicionamiento por parte del Gobierno y de la patronal CEOE ante su demanda ante instancias europeas. Una respuesta obligatoria, en tanto que ambos son agentes implicados, antes de que el organismo europeo se pronuncie sobre si la cuantía que deben pagar las empresas en caso de una indemnización por despido improcedente es o no suficientemente protectora para el trabajador. "Sentimos muchísima decepción, no esperábamos que el Gobierno de España hiciera una defensa del mantenimiento del sistema de respuesta ante despidos improcedentes que está vigente", ha declarado el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján.

La respuesta del Gobierno, redactada desde la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia (PSOE), considera que el actual sistema es suficientemente garantista para los trabajadores. Y para ello cita la reciente ampliación de los supuestos de nulidad -por ejemplo, en caso de poder acreditar que el cese es por estar de baja médica-, la subida del salario mínimo -a más sueldo, más indemnización- o la reciente mejora de las prestaciones de paro.

El debate sobre el coste del despido en España se ha reabierto en las últimas semanas en España. Primero fueron los tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que a principios de mes dictó la primera sentencia de una alta instancia en la que reconocía a un trabajador despedido una indemnización superior a la mínima legal al considerar que esta no le protegía debidamente. "Es insignificante", consideraron en su sentencia los magistrados catalanes. Poco después ERC tiró de esa palanca para tratar de forzar al Gobierno a posicionarse sobre dicha materia en el Congreso.

Ahí la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmó que el despido en España era "demasiado barato" y se mostró predispuesta a modificar las actuales condiciones. No obstante, el socio mayoritario de la coalición, el PSOE, votó una semana después en contra de la moción presentada por ERC y se opuso a recuperar los 45 días por año trabajado en las indemnizaciones por cese improcedente (hoy dicha cifra está en 33 días). La respuesta del PSOE fue coherente con la presentada por el Gobierno, de forma colegiada, ante las instancias europeas en respuesta a la demanda de UGT.

Ante esa diferencia de criterios dentro del Ejecutivo y, principalmente, ante la oposición del socio mayoritario, desde la UGT no esperan ya cambios en esta materia en los pocos meses que le quedan a la legislatura. "No somos optimistas de que haya un cambio a corto plazo", ha reconocido el secretario general, Pepe Álvarez. "Nos gustaría que este fuera un tema de debate en las próximas elecciones, que los trabajadores de este país puedan definirse con su voto", ha añadido.