Impulso a la factura electrónica para atajar la morosidad y fomentar la transparencia fiscal

El cerco a la economía sumergida tendrá en breve una nueva herramienta. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha informado este miércoles de que ha sacado a consulta pública el real decreto que desarrolla el proyecto para implantar la factura electrónica en las operaciones comerciales entre empresas y profesionales. La denominada ley Crea y Crece pretende la generalización de la facturación para "garantizar una mayor agilidad y control de los pagos, lo que redundará en una reducción de la morosidad comercial". Pero a nadie se le escapa que la facturación electrónica centralizada permitirá aflorar muchas operaciones actualmente opacas al fisco.

"La medida permitirá reducir los costes de transacción, avanzar en la digitalización de pymes y autónomos y permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago", informa el ministerio liderado por Nadia Calviño. Para lograr estos objetivos y facilitar su implementación entre pymes y autónomos, la Administración pondrá a disposición de estas empresas una infraestructura básica pública para acceder a la factura electrónica.

El nuevo marco normativos debería reducir, según el Gobierno, los costes de transacción, ya que permitirá integrar todas las funciones de facturación, cobros, pagos y contabilidad de forma automática. Adicionalmente supondrá un impulso adicional en la digitalización de las pymes y autónomos en el marco del Plan de Recuperación.

Plataformas privadas

Existirá una infraestructura básica pública para acceder a la factura electrónica, si bien la tramitación podrá realizarse también a través de cualquiera de las plataformas privadas existentes. Héctor Martín, vicepresidente de ventas globales en Voxel (firma especializada en factura electrónica y pagos b2b, calcula que el nuevo marco normativo a "se implantará en las empresas que facturen más de ocho millones de euros en una primera fase un año después del desarrollo reglamentario y, posteriormente, al resto de pequeñas y medianas empresas en un plazo de dos años".

El sistema tendrá que ser interoperable, para permitir la utilización y traducción de los diferentes formatos más utilizados, lo que permitirá la integración y adaptación a nivel europeo. Asimismo, el sistema tendrá que estar interconectado, para que los usuarios solo necesiten conectarse a una plataforma para la gestión de sus facturas.

Finalmente, las pymes y autónomos contarán con un amplio apoyo para su implementación, a través de periodos transitorios amplios, de fórmulas adaptadas de remisión y de las ayudas del Kit Digital.

Lucha contra la morosidad

Las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la ley de morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión. Se prevé también la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas. Entre sus actuaciones se incluye la publicación de un listado anual de empresas morosas (personas jurídicas que no paguen en plazo un porcentaje superior al 5% de sus facturas y que el importe total de las facturas impagadas sea superior a 600.000 euros).

Como exigen la ley de Sociedades de capital y la ley de Morosidad, se establece la obligación de que las empresas grandes indiquen en sus memorias anuales, además del periodo medio de pago a sus proveedores, el volumen y número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad.