Multan a Airbnb con 125.000 euros por comercializar alojamientos turísticos en Palma

El Consell de Mallorca ha impuesto una multa de 125.000 euros a la plataforma digital Airbnb, dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos, por publicitar viviendas de alquiler turístico en Palma, un negocio que está prohibido en la capital balear.

En un comunicado, el Consell ha informado este sábado que la sanción se ha interpuesto por el incumplimiento de la ley que regula las empresas de la sociedad de la información.

Desde el pasado mes de noviembre, el Servicio de Inspección Turística del Consell ha requerido a las dos principales plataformas de comercialización de viviendas, Airbnb y Expedia, que eliminen todos los anuncios que se han detectado que son ilegales.

La institución insular les ha notificado hasta 200 publicaciones de viviendas turísticas que no cumplen con la normativa vigente.

El Consell señala que la empresa Expedia ha colaborado y ha eliminado los anuncios de viviendas con arrendamiento inferior a un mes con finalidad turística que no cumplían con la actual regulación.

Mientras tanto, Airbnb no ha retirado estas publicaciones. Por eso, se ha abierto un expediente sancionador por el incumplimiento de la ley que regula las empresas de la sociedad de la información. Estas sanciones pueden ir de 125.000 a 400.000 euros.

El Consell de Mallorca asegura que continúa con la búsqueda de inmuebles ilegales de alquiler vacacional en el término municipal de Palma en otras plataformas digitales, como parte del plan de choque contra el alquiler turístico ilegal.

La ciudad de Palma aprobó en su día la prohibición del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares de todo el término municipal, una decisión refrendada el pasado mes de febrero por el Tribunal Supremo.

"Así, la lucha contra el alquiler turístico ilegal en viviendas plurifamiliares se ha convertido en prioritaria para el Consell de Mallorca", asevera esta instutición.

En concreto, el departamento de Transición, Turismo y Deportes elaboró a principios de año un plan de choque específico, dotado con 700.000 euros, para luchar contra la oferta ilegal de viviendas turísticas plurifamiliares en Palma, con la incorporación en el mes de abril de cinco nuevos inspectores.

Entre las acciones del plan se encuentran los operativos conjuntos con la Policía Local de Palma, el incremento de horas de inspección, la colaboración con la Universidad de las Islas Baleares y el Observatorio de Turismo Sostenible de Mallorca para el estudio e identificación de las viviendas de alquiler turístico en plurifamiliares de Palma, y el control de las plataformas de comercialización.