TRANSPORTE
El dilema del 'gratis total' en las autovías: ¿Está dispuesto a pagar por mejores carreteras?
España solo aplica peajes en el 10,2% de las autovías, cuyo mantenimiento cuesta 32 euros anuales a cada habitante y acumula un déficit de 9.456 millones de euros

Montaje de una carretera con peaje. / MARTA G. BREA
Llega el verano y no hay mejor manera de descubrir pueblos pintorescos hasta un destino concreto que cargar el maletero del coche de maletas y lanzarse a la carretera. Quizá se haya librado hasta ahora de pagar algún peaje en las vías españolas, pero si su vehículo cruzó las fronteras de Portugal o Francia para disfrutar de una estancia internacional, habrá sufrido la acumulación de pagos por transitar las autovías.
A ojos de los conductores extranjeros, tanto profesionales del transporte como viajeros, España es un auténtico paraíso para circular por todo el país sin coste alguno, salvo excepciones. Y si se cumple el acuerdo entre el Gobierno y la Comisión Europea, así seguirá siéndolo en comparación con el resto de países vecinos. ¿Debería España acercarse más al modelo de extender peajes por todo el país, como la mayor parte de Europa, o implantar un sistema de quien contamine más que pague?
España es un país de coches, camiones y autobuses. Frente a otros modos de transporte, la movilidad interior de personas y mercancías utiliza las carreteras para desplazarse en el 85,9% y 95,7% de los casos respectivamente. Así lo ha sido tradicionalmente y, por el momento, los trenes no consiguen arrebatar suficiente cuota ni con la alta velocidad, ni tampoco con el impulso de las autopistas ferroviarias.
La red viaria española de alta capacidad (autovías y autopistas) es la tercera más extensa del mundo con un total de 17.660 kilómetros, señala la patronal de las constructoras, solo por detrás de Estados Unidos y China. De este total, solo el 10,2% son de peaje (1.809 kilómetros). En nuestro país confluyen tres tipos de carreteras: 12 autopistas en manos privadas en régimen de explotación y peaje; 9 autopistas rescatadas por el Estado y gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT), y ocho autopistas autonómicas repartidas entre Galicia, País Vasco, Catalunya y Navarra.
Los peajes se convirtieron en un tema candente hace un año, cuando el director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, deslizó que en 2024 se implantarían en las autovías, hasta ahora gratuitas, "por imposición de Bruselas". Pocas horas más tarde, rectificó, pero, aunque el Ministerio de Transportes negó la medida, el debate ya estaba sobre la mesa. Lo cierto es que la propuesta de introducir el pago por uso de las autovías a partir de 2024 sí estaba incluido en la adenda al Plan de Recuperación, "con arreglo al principio de quien contamina paga", remitida a Bruselas en 2021. Sin embargo, a finales de septiembre el Gobierno español consiguió cerrar un acuerdo con la Comisión Europea para retirar la medida.
Peajes con criterios medioambientales
Bruselas aboga por hacer confluir los objetivos de sostenibilidad y reducción de la huella ambiental con la extensión de los peajes en todos los estados miembroe. Como muestra de ello, la Comisión Europea introdujo modificaciones en la euroviñeta para incluir criterios como las emisiones de CO2. Otra de las novedades de la directiva es la prohibición de que los países apliquen a partir de 2030 euroviñetas a los vehículos pesados en la red transeuropea de transporte, como el corredor mediterráneo, por lo que los estados que actualmente utilizan este método deberán migrar a sistemas de peaje por distancia recorrida.
El acuerdo de España con la Comisión Europea sigue este camino. A partir del real decreto que el Gobierno central está preparando, los peajes en las autopistas rescatadas tendrán en cuenta las emisiones de los vehículos para penalizar a los más contaminantes. El objetivo, tal y como se discutió en reuniones entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las asociaciones de transportistas, es generar ingresos que se destinen a mejorar las infraestructuras viarias. A cambio, el Ejecutivo prometió a la Comisión Europea apostar por medidas alternativas medioambientales y de ahorro energético, como la promoción del transporte ferroviario de mercancías.
El resto de autovías y autopistas, una vez finalice la última concesión en 2074, correspondiente a la AP-53 entre Santiago de Compostela y Alto de Santo Domingo, serán gratuitas. Desde junio de 2018 se han incorporado a la red pública 1.029 kilómetros, entre los que destaca el tramo AP-1 entre Burgos y Armiñon (noviembre de 2018) y la AP-7 entre Tarragona y La Junquera (agosto de 2021). La próxima concesión en terminal será la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza a partir del 2026. ¿Será suficiente para mantener las infraestructuras viarias? El debate está servido.
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